La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón y candidata a la Alcaldía, Ángela Pumariega, ha denunciado hoy, en una rueda de prensa ofrecida junto al presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Pablo González, que “la falta de revisión de valores catastrales por parte del equipo de gobierno local es una subida de impuestos encubierta a los gijoneses”. Con motivo de la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que comenzó el pasado día 11, Pumariega recordó que el gobierno de PSOE e IU ha dado la callada por respuesta a la solicitud planteada por el Grupo Municipal Popular en junio de 2021 de un informe que demuestre si hay o no una diferencia sustancial entre los valores que se toman como referencia, del año 2009, y los actuales. “Hay indicios de que miles de gijoneses pagarán más en la declaración de la Renta, como que el valor del suelo ha caído un 65%”, afirmó Pumariega, que enumeró los colectivos que se verán perjudicados por la falta de revisión del Catastro: “Aquellos gijoneses que tengan una segunda vivienda no alquilada, un local vacío, un trastero, o un garaje que no se ubique en la vivienda habitual. Y esto se traduce en que la Agencia Tributaria está cobrando a esos gijoneses un 2% frente al 1,1% de los municipios que sí han revisado este valor catastral, como Oviedo y Avilés”.
“Los gijoneses merecen una explicación del equipo de gobierno de por qué no está revisado este valor catastral. Es un momento difícil para muchas familias y no se puede seguir ahogando a los contribuyentes con más impuestos encubiertos”, ha manifestado la candidata a la Alcaldía, que expresó su compromiso de que, “cuando gobernemos, a partir de las elecciones del 28 de mayo, analizaremos la situación para dar a conocer qué es lo más beneficioso para el bolsillo de los gijoneses. El Partido Popular quiere facilitar la vida a los gijoneses, queremos que se elimine este atasco administrativo, que se traduzca en una disminución de la presión fiscal y dar a la ciudad un impulso económico que tanto necesita”.
Pablo González, por su parte, ha manifestado que “es necesario adecuar lo que pagan los gijoneses a la realidad que viven los gijoneses”, lo que, según explicó, pasa no sólo porque el equipo de gobierno de Gijón actualice los valores catastrales, sino porque el Ejecutivo autonómico, también del PSOE, deflacte el IRPF para que los impuestos que pagan los ciudadanos se correspondan con el nivel adquisitivo que les permiten sus salarios. El diputado regional y candidato a la reelección recordó que el PP asturiano propone “una revolución, un plan de choque fiscal para toda Asturias de 180 millones que traducido a Gijón supone 51 millones de euros de rebaja fiscal para todos los gijoneses”.
González detalló los puntos en los que se produciría esta rebaja fiscal, ya a partir del próximo año: “Deflactar el IRPF para rentas de hasta 33.000 euros, rentas medias y rentas bajas, que suman casi 90.000 declaraciones de la renta en Gijón, supondrá una rebaja fiscal de 14 millones de euros” por ejercicio. Como la propuesta abarca los años 2021 y 2022, suma 28 millones de euros. La supresión de Sucesiones y Donaciones conllevará un ahorro de 10 millones para los contribuyentes del municipio, mientras que la eliminación de los impuestos propios del Principado de Asturias (el recargo del IAE y el cobro del Impuesto de Afecciones Medioambientales por el Uso del Agua a los declarantes a cuyas viviendas no llega el saneamiento) supondrá que 5 millones más se mantengan en los bolsillos de los gijoneses.
El ahorro se completa con los 8 millones derivados de las deducciones que plantea el PP: para familias con mayores dependientes, familias monoparentales con mayores a su cargo (hasta 7.300 euros deducibles en ambos casos), el cuidado de hijos hasta 3 años (5.300 euros deducibles); y de la modificación de dos deducciones existentes: gastos en centros educativos de 0-3 años y gastos de material escolar y libros, deducciones que se ampliarían hsta 5.300 y 250 euros, respectivamente.
Destacó Pablo González, además, que “el total de los 180 millones de euros que suponen la factura fiscal” del Plan del PP “los tiene ya de manera automática el Principado de Asturias. De hecho, tiene 200 millones de euros de más. Ese dinero que todos pagamos de más en 2021 y 2022 ya está en el Presupuesto público. No hay ninguna merma de ningún servicio público por aplicar esta rebaja fiscal”.