La pasada semana se tramitó en el Congreso de los Diputados el nuevo proyecto de ley para la Protección de los Deudores Hipotecarios; y a tenor del ruido provocado por los disconformes, alguien podría pensar que es una ley que busca desproteger en vez de proteger, e impuesta por el partido del Gobierno sin escuchar a nadie. Pero nada más lejos de la realidad. El texto que avanza en su tramitación parlamentaria es el resultado de la fusión del texto original presentado por el Gobierno y transformado, corregido por medidas de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH y las enmiendas del resto de grupos políticos.
Es un proyecto de ley que recoge medidas como paralizar los desahucios de primeras viviendas de los más desprotegidos durante dos años, que el juez pueda detener el desahucio si observa abusos, que el valor de tasación para la subasta no pueda ser menor del 75%, que los intereses de la deuda pendiente no tengan a su vez intereses, o que los ciudadanos que ya han perdido sus casas puedan acudir al fondo social de vivienda con alquiler a bajo precio.
Y también, pese a lo que se está diciendo y los rasgados de vestiduras de los radicales, el texto recoge por primera vez la posibilidad de que los ciudadanos soliciten la dación en pago y puedan seguir en su casa pagando un alquiler social. Sólo que la dación, frente a lo que algunos parecen creer, no es, ni de lejos, la panacea, porque se pierde la vivienda y lo pagado y, por eso, sólo debe contemplarse en casos extremos y después de tomar otras medidas como la negociación para reestructurar la deuda, poner límites a los intereses o la quita por pronto pago.
Sin embargo, a pesar de la negociación intensa, la fusión en el texto de medidas pedidas en la ILP y la admisión de enmiendas de los grupos, no hubo acuerdo y el PP se quedó solo. La plataforma tal parece considerar que si no se aprueba su texto tal cual, es como si no se les hubiera escuchado en absoluto. Y los partidos de la izquierda -tanto monta, monta tanto- están, nunca mejor dicho, «echados a la calle» en su política de demagogia de brocha gorda.
La prueba del algodón de la inmensa falsedad de la izquierda en este asunto está al doblar la esquina temporal. Sólo hay que remontarse a 2007, cuando Carmen Chacón dijo aquello de «vamos a agilizar los desahucios» y se puso manos a la obra disponiendo hasta diez juzgados especiales para ello, sacando adelante la ley conocida como de «desahucio exprés», medidas que -junto con su desgobierno general- propiciaron que a finales de 2011 se llevasen adelante unos 300 desahucios al día. Y no sólo legislaron a favor de desahuciar, sino que en los últimos años rechazaron con sus votos hasta en diez ocasiones la dación en pago.
Y dicho lo anterior, ¿dónde estaban los representantes de la izquierda y los sindicatos cuando todo aquello ocurría? ¿Dónde estaban los que hoy salen a la calle a insultar y amenazar los miembros del Partido Popular? Somos el primer Gobierno que legisla a favor de las personas que se quedan sin hogar por no poder hacer frente al pago de la hipoteca de su primera vivienda. Lo hicimos por medio de un real decreto que ya ha permitido paralizar más de 120.000 desahucios y hemos votado a favor de admitir la Iniciativa Legislativa Ciudadana de la PAH.
Y ahora trabajamos denodadamente tratando de consensuar esta ley que protege al hipotecado en vez de sacarlo «exprés» a la acera. Pero queremos sacar adelante una ley seria, equilibrada, que genere soluciones eficaces y que dé seguridad en general, protegiendo al que lo necesita sin desproteger otros derechos ni perjudicar a terceros. Y en eso deberíamos tener, no digo ya el apoyo de los que precisamente legislaron en contrario y crearon el problema, sino por lo menos el respeto de no jalear «cercos» ni acosos callejeros, con la mano que se ve? y con la que no.
Laura Sampedro es Senadora y miembro de la Junta Local del Partido Popular de Gijón.
