Gabriel Díaz
El Partido Popular en el Ayuntamiento de Gijón respalda a los policías locales que, de manera encubierta, están ejerciendo una huelga de «bolis caídos». «Es que el recorte salarial a los funcionarios ha sido brutal y se entiende que cada uno intente reaccionar de algún modo», comprende el edil popular Gabriel Díaz.
Entre los policías municipales de Gijón y de Avilés se ha extendido la protesta iniciada por los guardias civiles adscritos a la Agrupación de Tráfico. La huelga de «bolis caídos» consiste en que los agentes, en lugar de imponer la habitual sanción económica, optan por amonestar verbalmente al infractor. De esta manera cumplen su función pedagógica con la ciudadanía, a la vez que, para presionar a la Administración, le niegan una fuente de ingresos. Según las asociaciones de la Benemérita, la protesta está logrando que este verano la Dirección Provincial de Tráfico tramite en la región la mitad de denuncias que el año pasado. El daño económico se estima en unos dos millones de euros.
En el caso de los policías municipales, el PP gijonés matiza que esta desobediencia es legítima siempre y cuando se acaten las leyes. «Desde luego, si un policía ve una situación que afecta a la seguridad ciudadana y no aplica la norma, estaríamos ante un caso totalmente ilegítimo», advierte Gabriel Díaz.
Sin embargo, entre ese extremo y la situación que se está dando actualmente, el edil popular entiende que hay mucho margen. «La huelga está revelando el afán recaudatorio que tiene el Ayuntamiento», señala Gabriel Díaz, antes de enumerar casos que, habitualmente acarrean una sanción para el ciudadano de difícil justificación. «No hay más que ver el radar instalado en la calle Doctor Fleming, donde pasan muy pocos peatones, pero el aparato denuncia a todos los coches que superan los 50 kilómetros por hora».
«Tenemos en la ciudad muchos radares así, puestos en sitios poco idóneos si la prioridad es la de velar por la seguridad», esgrime Gabriel Díaz. «El problema de fondo, y que revela esta huelga, es que los criterios que priman en este Gobierno socialista son otros», acusa.
Así y siempre según su versión, «existe preocupación en el equipo de Gobierno, concretamente en el área de Santiago Martínez Argüelles; los responsables de que cuadren las cuentas están muy inquietos con el bajón de las multas».
El año pasado, el Consistorio tenía previsto ingresar 3,8 millones gracias a las infracciones en materia de tráfico, pero al final cerró el ejercicio con 5,9 millones. La cantidad supone el doble de lo que espera recaudar en 2010 un consistorio como Oviedo y cuadriplica las expectativas de Avilés.
