La alcaldesa de Gijón puso en el tejado de la oposición municipal la responsabilidad de designar al letrado que defienda al Pleno ante la demanda de los nueve ediles de Foro por el sueldo del titular de la asesoría jurídica municipal y la oposición ha decidido devolverle la pelota a a casquista Carmen Moriyón, no respondiendo a la invitación de la alcaldesa y del director jurídico de designar al abogado que defienda un acuerdo plenario que a todas luces no sólo es legal, sino oportuno. El actual responsable de la asesoría jurídica es Abelardo Rodríguez.
El Partido Popular entiende que la designación de letrado es, en todos los casos, competencia de la Alcaldía y debe ser ella quien asuma esa responsabilidad. «Que designe al letrado que consideren desde la asesoría jurídica», se concreta desde el PP en declaraciones a La Nueva España. Los populares criticaron desde un primer momento la decisión de los concejales de Foro de llevar a los tribunales un acuerdo tomado por el Pleno de manera mayoritaria. Foro alega que su intención es reivindicar la competencia de la Junta de Gobierno en las retribuciones de los funcionarios.
Para el PP no es razonable que el Pleno municipal tenga que defenderse en los juzgados de una demanda interpuesta por la propia alcaldesa por negarse el Pleno a subir el salario a un directivo municipal. Tampoco es entendible que Moriyón, responsable de designar al funcionario o funcionaria encargado de defender al Pleno ante esa demanda por ella misma interpuesta, diga que no lo puede hacer.
La controversia
Los nueve ediles que conforman el equipo de gobierno de Foro Asturias plantearon hace unos días, a título personal, un recurso contencioso en el juzgado contra la decisión plenaria de 14 de marzo que asignaba al jefe de la asesoría jurídica el mismo régimen retributivo de los directores de área. El acuerdo se tomó por mayoría de los concejales con los votos a favor de PSOE, PP e IU.
La Junta de Gobierno había estableció unos días antes en el marco de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento una subida de salario y el reconocimiento del nivel 30 para este puesto concreto, que ahora ocupa Abelardo Rodríguez. De hecho, esta decisión es la que ahora mismo rige, ya que el gobierno forista no ejecutó en ningún momento el mandato plenario.
A la hora de analizar quién defiende en los tribunales la decisión del Pleno, es el mismo Rodríguez quien en un informe plantea la necesidad de abstenerse en este proceso por «el claro interés personal» y sugiere que sean los concejales de la oposición quienes designen al defensor del Pleno, ya sea entre el personal de la propia asesoría jurídica o seleccionado a otro funcionario con titulación en Derecho.
Rodríguez también está en el centro de la polémica tras autorizar la alcaldesa pagar con fondos municipales la asistencia jurídica privada a este funcionario en su querella contra el portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles.
