Pilar F. Pardo
Acaba de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado una sentencia por la que anula el Plan General de Ordenación de Gijón por ser éste “contrario a derecho”. A la espera de analizar exhaustivamente dicha resolución judicial, el Partido Popular de Gijón considera que este hecho, que apenas tiene precedentes en España y aún menos en ciudades de 300.000 habitantes como es ésta, coloca a la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso y a los concejales del PSOE y de IU en una situación insostenible.
En primer lugar, porque deja en evidencia que todo el planeamiento urbanístico de Gijón que se ha venido elaborando y aprobando por fases durante años, siempre con el voto de Paz Fernández Felgueroso y su equipo, resulta ilegal. Esta sentencia acredita su irresponsabilidad como gestores en un asunto trascendental en el ámbito de un municipio como es todo el planeamiento urbanístico, todo el Plan General.
En segundo lugar, es gravísima la responsabilidad política que afecta directamente y de manera exclusiva a quienes siempre públicamente han sostenido que este plan es el heredero de un mismo modo de concebir y gestionar el urbanismo gijonés durante treinta años. Por todo ello, el Partido Popular y su Grupo Municipal exigirán las responsabilidades políticas y de todo orden que se derivan de lo que supone este gravísimo escándalo, que se suma a las sombras de corrupción que planean sobre el Ayuntamiento de Gijón y que se ponen de manifiesto en el proceso penal abierto en relación con el ‘caso Cabueñes’.
La sentencia ha anulado un PGOU, al que siempre se ha opuesto con sus votos el Partido Popular y que fue promovido a espaldas de los ciudadanos para beneficiar a unos pocos y perjudicar a muchos. Durante su elaboración, este plan tuvo la mayor contestación por parte de los gijoneses a través de las ‘Marchas Verdes’, entre otras actuaciones. Y esa oposición permanece hasta hoy.
