La subida del IVA que pretende llevar a cabo el Gobierno de Zapatero, a partir del próximo 1 de julio, supone, entre alguna de sus consecuencias más negativas, un aumento inmediato de precios. Prácticamente todos los bienes y todos los servicios tendrán, a partir de esa fecha, un incremento del 1% en el caso de que se trate de productos como los alimenticios básicos, y del 2% en el resto.
Los diputados del Partido Popular manifestamos un no rotundo a la subida del IVA el pasado martes en el Congreso, pero el Gobierno y sus socios nacionalistas siguen empeñados en gravar aún más todas las adquisiciones de bienes y todos los servicios. Pero ¿por qué el Gobierno se empecina en una adoptar una medida como ésta? Porque se ha topado con la dura realidad: una enorme crisis económica, que se pasó dos años negando. Aún a pesar de estar emitiendo cantidades ingentes de deuda pública, el Ejecutivo no es capaz de obtener ingresos suficientes para hacer frente a los gastos y equilibrar las cuentas públicas.
En un momento como el actual, con una recesión económica sin precedentes en nuestro país, la iniciativa de Zapatero va a ser perjudicial para la recuperación del empleo y para el conjunto de la actividad económica. Resulta paradójico y contradictorio que se diga repetidamente desde el Gobierno socialista de la Nación, que nos animemos a consumir y, a la vez, se grave con un impuesto más elevado el propio consumo de bienes y servicios.
La economía española está sufriendo, entre otros males, una brutal bajada en el consumo derivada de muchos factores. En primer lugar, España tiene hoy millones de parados que, en el mejor de los casos, han visto reducirse radicalmente sus ingresos y sólo perciben la prestación por desempleo. Otros, ya la han agotado. Además, los salarios y las pensiones no se han incrementado o su aumento ha sido testimonial.
Con esta decisión del Gobierno, se favorece el círculo vicioso en que se mueve nuestra economía: a menor consumo, menor producción por parte de las empresas, y a menor producción, menor plantilla. Por tanto, más desempleados que no tienen capacidad de consumo.
En estas condiciones, ¿cómo toma el Gobierno una medida tan negativa como incrementar el IVA? El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo ‘ciego’ porque grava todas las rentas, independientemente de su cuantía. Esta subida afecta por igual a todos. A quien tiene una pensión mínima o un salario menor que mileurista que a los que disponen de las rentas más altas.
Por otra parte, los responsables gubernamentales no han sido capaces de fijar en cuánto aumentarán los ingresos públicos con esta subida del IVA. Tampoco se atreven a cuantificar cuánto se incrementará con ella la economía sumergida en nuestro país.
Además, este tributo está ligado al llamado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Por ejemplo, si un constructor vende a un particular una vivienda, el comprador tiene que pagar un 7% del valor en concepto de IVA. Si no lo remediamos, a partir del 1 de julio, será el 8%. Si un particular vende su piso a otro, hay que abonar un 7% del mencionado Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Si las comunidades autónomas deciden ahora equiparar ambos impuestos, también las ventas entre particulares pasarán a gravarse con ese 8%. Esperemos que el Gobierno del Principado de Asturias no opte por tomar esa medida, y se comprometa ya a no adoptarla, como lo han hecho otras comunidades gobernadas por el Partido Popular.
