Alcanzar un acuerdo negociado con el mayor número posible de trabajadores que ponga freno a la sangría económica para las arcas municipales el cierre de la Escuela de Relaciones Laborales. Ése es el interés en el que coincidieron ayer todos los participantes en una comisión extraordinaria celebrada en el Ayuntamiento. Sin embargo, no quedó tan clara la fórmula para convertir ese deseo en realidad. En la comisión, que fue planteada por el Partido Popular, el responsable político del patronato de la Escuela, el edil de Foro Asturias, Carlos Rubiera, cedió el protagonismo a los abogados Minervino de la Rasilla, contratado en 2009, para alcanzar acuerdos con los quince profesores afectados; Vicente Hoyos, del departamento jurídico municipal, y Carmen Landeria, en representación de una parte de los profesores del centro.
Para los políticos, el gran problema es el dinero. Si al inicio del proceso de extinción de la Escuela en 2007 se reservó una cuantía de 211.000 euros para pagar las indemnizaciones a los trabajadores -que se suponía iban a ser pactadas sin problemas- ahora el coste ya está en 600.000 euros (311.775 euros de indemnización impuesta por el juez más salarios y gastos sociales), tras el resultado de varias sentencias judiciales a favor de los trabajadores y un primer expediente de regulación de empleo (ERE) que no fue aceptado.
Pero en la reunión de ayer los juristas consideraron más que factible que cuando el proceso se complete dentro de unas semanas la factura ya se eleve a un millón de euros. Dinero que no existe en los presupuestos municipales recién aprobados para 2012.
«Me mantengo en que esto es una chapuza administrativa de la que es culpable el actual gobierno, porque el ERE de agosto se planteó mal. Una chapuza que ahora nos costará un millón de euros si no se llega a un acuerdo razonable», explicaba ayer el concejal socialista Justo Vilabrille. Pero para el PP, los socialistas no pueden echar balones fuera. Los populares, representados en esta comisión por el edil Manuel Pecharromán y María Teresa Menéndez, ven «impresentable» que el gobierno socialista no hubiera cerrado la operación y reprochan a Foro que «hasta la fecha» tampoco haya completado el proceso.
