El Partido Popular, como ayer se encargó de anunciar públicamente su líder local, Pilar Fernández Pardo, ha decidido personarse en el caso como acusación particular. El PP ya había participado en la investigación de la fiscalía al remitirle, a finales del pasado mes de marzo, diversa documentación sobre las actividades de Blanco y las actuaciones del área local de Urbanismo local.
En aquel momento el PP pidió al fiscal que se les tuviera como parte en las diligencias de investigación. Pero el Juzgado no es el único escenario donde el grupo de la oposición quiere que se diriman responsabilidades. Sin salir del Ayuntamiento, la portavoz del Grupo municipal Popular exigía ayer la retirada del plan especial de Cabueñes al entender que la resolución del fiscal sobre la actuación de Blanco confirma la ilegalidad del plan especial que regula el futuro desarrollo residencial de la parroquia gijonesa. El PP apoya en este sentido a la plataforma vecinal contra el Muro de Cabueñes.
Además, Pilar Fernández Pardo se niega a que los actuales responsables de los gobiernos del Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias se salgan de rositas de este caso de supuesta corrupción urbanística en Gijón. «¿Qué va a hacer ahora la Alcaldesa? ¿Y Pedro Sanjurjo, que tampoco ha asumido aún su responsabilidad? ¿Y Santiago Martínez Argüelles, que es el responsable del expediente disciplinario a Ovidio Blanco?
Ahora que se confirman los indicios de delito que había anunciado el PP queremos que se asuman sus responsabilidades políticas quienes entregaron su confianza a Ovidio Blanco. Empezando por Vicente Álvarez Areces, que fue quien puso a Blanco en el Ayuntamiento de Gijón», explicó ayer la concejala popular, quien sumó al listado de «responsables políticos» al ex concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Morales, y el ex responsable del área de Urbanismo local y actual consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía.
«Son muchos los políticos socialistas que tienen que dar explicaciones. ¿Responsabilidades políticas? Todas. Y penales también, si se demuestra», sentenciaba ayer Pilar Fernández Pardo, quien no evitó comentar la curiosidad de que el decreto de la fiscalía, aunque emitido el pasado día 5, se hubiera hecho público tras las elecciones.
