El PP reclamó ayer, a través de sus concejales Luis Crego y Pablo Fernández, la retirada del plan parcial de Cabueñes y la paralización inmediata de su tramitación municipal. El grupo de la oposición apoyó su reclamación al Ayuntamiento en un argumento legal. La certeza de que si los órganos judiciales condenan a Ovidio Blanco por cualquiera de los tres delitos que aprecia la Fiscalía, el desarrollo urbanístico previsto para Cabueñes será declarado a partir de ese momento «nulo de pleno derecho».
Fernández pidió a Sanjurjo que vuelva a replantear sus tesis sobre el caso Blanco y Crego invocó el artículo 62 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que hace referencia a la nulidad de los actos administrativos como consecuencia de una infracción penal, ya sea delito o falta. En ese supuesto, dijo el concejal popular, el plan que proyecta edificar 550 viviendas en la parroquia gijonesa «deberá volver a cero, ya que no admitiría ninguna subsanación de defectos», por lo que, según aventuró, algunos propietarios podrán pedir que se les reviertan los terrenos para «uso pastoril y ganadero».
Crego también recordó que el propio juez podrá pedir la suspensión cautelar del plan urbanístico y advirtió de que el Ayuntamiento «puede ser condenado subsidiariamente» si sigue adelante con la tramitación del plan, un comportamiento que según el edil denotaría «absoluta irracionalidad y mala fe». «Cuanto más avance el proyecto, mayores serán los derechos y la responsabilidad patrimonial que se podrá derivar si el plan es declarado nulo», aseguró, al tiempo que animó a los promotores que han adquirido suelo en esa zona de Cabueñes a «ser precavidos» ante el procedimiento penal que ahora se abre.
