La Dirección de Política Regional de la Comisión Europea ha comunicado al Ministerio de Economía su negativa a conceder a la Autoridad Portuaria de Gijón los 135 millones de euros de fondos de cohesión que había solicitado para sufragar los 251 millones de sobrecoste de las obras de ampliación de El Musel.
Desde el Partido Popular de Gijón, de Asturias y desde Bruselas, con nuestro eurodiputado Salvador Garriga, llevamos muchos meses expresando nuestra preocupación acerca del riesgo en el que incurrían la Autoridad Portuaria y el Ministerio de Fomento al confiar a los fondos de la UE la financiación de la obra pública de mayor volumen económico realizada jamás, no sólo en Gijón, sino en toda Asturias. Dijimos repetidamente que los modificados en los contratos de obra original no constituían para las autoridades comunitarias, en ningún caso, causa suficiente para una financiación suplementaria proveniente de dichos fondos de cohesión. Esa información obraba desde el primer momento en manos de las autoridades.
En toda la historia del sobrecoste del puerto de El Musel en el Partido Popular nos hemos limitado, desde el primer momento, a contar las cosas como eran y como al parecer están resultando. Mucho nos tememos que todo esto desemboque en más impuestos para poder finalizar, con dinero de todos los españoles en vez de con fondos comunitarios, una obra que es fundamental para el desarrollo económico de nuestra región.
Por mucho que los dirigentes socialistas pretendan confundir con sus mentiras a la opinión pública, los hechos son muy claros. Gijón perderá la aportación de los fondos europeos por una pésima gestión e incapacidad manifiesta y, tras una denuncia de naturaleza únicamente política presentada por Izquierda Unida ante los organismos competentes de Bruselas. IU sostuvo en esa denuncia que la obra de El Musel era «faraónica» e «innecesaria», y que vulneraba las normas que regulan la concesión de estos fondos para obras públicas por parte de la Unión Europea. Ello, contra el criterio favorable de la propia Autoridad Portuaria de Gijón, donde está presente la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso, la Administración del Estado, el Ministerio de Fomento, el Gobierno del Principado y la Abogacía del Estado, que defendían la legalidad de las ayudas comunitarias, determinantes para que las obras pudieran continuar.
Todos estos responsables socialistas de este gravísimo hecho no pueden quedar impunes ante la pérdida de esa fundamental aportación de fondos de la Unión Europea. Desde el Partido Popular exigimos responsabilidades, que han de pasar ineludiblemente por el abandono de sus funciones de los causantes de tan flagrante, y no sabemos si irreparable, daño para Gijón y para Asturias. Tienen que dar la cara y no escurrir este enorme bulto.
