Pilar Fernández Pardo.
La Comisión Extraordinaria de Hacienda, solicitada por el Grupo Popular, para analizar las contrataciones del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas, “ha sido un absoluto desprecio a la oposición y, por extensión, a los ciudadanos. Una vez más, han vulnerado nuestro derecho a ser informados. No sabemos dónde está la transparencia de la que tanto alardea este gobierno local”. Esta han sido las primeras declaraciones que ha realizado de la portavoz del Grupo Popular, Pilar Fernández Pardo, a los medios de comunicación, nada más acabar la citada Comisión.
Fernández Pardo explicó que Santiago Martínez Argüelles se limitó a leer, de forma muy rápida, “lo que él ha considerado” y ni siquiera ha facilitado una copia por escrito al Grupo Popular, por lo que éste aguardará a tener el acta de la Comisión para analizar las cifras que ha leído el concejal de Hacienda. En cualquier caso, la portavoz popular ha dirigido hacia él sus críticas, no sólo por las formas, sino también por el fondo, por cuanto que el edil socialista es el responsable de las contrataciones que realiza el Ayuntamiento, y “ningún expediente de los que hemos visto hasta ahora está foliado ni numerado”, dijo Fernández Pardo.
La portavoz del Grupo Popular afirmó que “no nos cansaremos de denunciar” que este gobierno local no cumple la ley, que obliga a foliar los expedientes, lo que genera una gran inseguridad jurídica en el Ayuntamiento de Gijón, dado que pueden ser susceptibles de manipulación. “Santiago Martínez Argüelles es responsable de esta irregularidad e ilegalidad administrativa”.
Fernández Pardo lamentó que su Grupo no pudiera realizar hoy ningún balance de la Comisión de Hacienda “porque tampoco nos han detallado cuáles son los contratos mayores y cuáles los menores, por lo que es imposible cuantificar cuántos han sido adjudicados a dedo”.
Ante esta situación, la portavoz popular ha anunciado una propuesta que el Partido Popular incluirá en su programa electoral y aplicará tras el 22 de mayo, “si los ciudadanos nos dan su confianza”, que consiste en la puesta en marcha de una compra centralizada, a través de concurso público, que incluya tanto contratos mayores como menores para el suministro de bienes y con un pliego de condiciones que detalle “todo, desde los ofertantes hasta los precios”. De esto modo, destacó Fernández Pardo, “habrá transparencia, seguridad jurídica y se eliminará la contratación a dedo”.
