El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado hoy una proposición presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, y firmada conjuntamente con Foro Asturias, para dejar claro el rechazo del gobierno municipal a la declaración como zonas tensionadas en materia de vivienda de varios barrios de Gijón, en concreto Cimadevilla y La Arena, sin acuerdo previo con el Ayuntamiento. Ponemos freno así a cualquier pretensión del Gobierno del Principado, y en concreto de la Consejería competente en materia de Vivienda, que está en manos de Izquierda Unida, de aplicar sus medidas intervencionistas en contra de la voluntad del equipo de gobierno municipal.
Este es el texto aprobado por el Pleno:
PROPOSICIÓN PARA ACORDAR MEDIDAS REFERENTES A LA LEY DE VIVIENDA
De acuerdo con lo previsto en el artículo 76 y siguientes del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno de este Ayuntamiento, Ángela Pumariega Menéndez, portavoz del Grupo Municipal Popular, presenta, para su debate y votación en el próximo Pleno Ordinario del mes de marzo, la siguiente PROPOSICIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Gobierno de España publicó un índice de precios de referencia para el alquiler. Se trata de un sistema que ofrece un rango de precios de alquiler de viviendas, como referencia y a título orientativo, para la fijación de la renta en los nuevos contratos de arrendamiento de vivienda.
El índice de referencia es una de las acciones estrella de la Ley de Vivienda, que ha dado lugar a seis recursos de inconstitucionalidad (presentados por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; los gobiernos de Madrid, Andalucía, Baleares y País Vasco; y el Parlamento de Cataluña), todos ellos admitidos a trámite.
Dichos recursos afectan a casi la mitad de los artículos y ponen el foco, entre otras cuestiones, en la vulneración del derecho de propiedad, en el control del precio de los alquileres, en los criterios de identificación de las zonas tensionadas y en la invasión de competencias autonómicas.
Los recursos inciden en que la ley vulnera las atribuciones en materia de vivienda de las comunidades autónomas porque los trámites a que obliga el Gobierno para declaración de zona tensionada son tan exhaustivos, concretos y predeterminados que exceden de meras bases.
Además de los recursos de inconstitucionalidad, la Ley de Vivienda motivó un dictamen adverso del Consejo General del Poder Judicial, que incidía particularmente en aspectos como el «claro dirigismo de las instituciones autonómicas y locales», la «incisiva vigilancia” de la Administración en el uso de la vivienda por parte de los propietarios, o el “problemático encaje en el orden constitucional de competencias”.
Por su parte, el sector inmobiliario también ha mostrado su rechazo al considerar que tanto la Ley de Vivienda como el índice de precios de referencia de alquileres contribuyen aún más a la falta de oferta de viviendas en arrendamiento.
La citada Ley de Vivienda, se ha elaborado contrariando la doctrina económica más elemental, ninguneando a los principales agentes del sector, como colegios profesionales, institutos de estudios, propietarios, inquilinos o promotores inmobiliarios.
Topar los precios de los alquileres e intervenir el mercado no son soluciones eficaces para bajar los precios de los alquileres. Lo que necesita este sector es combatir el desfase crónico que existe entre oferta y demanda, y lo que hay que hacer es activar acciones para incrementar el parque de viviendas, como por ejemplo aumentar la disponibilidad de suelo.
Este tipo de medidas de fijar precios máximos de alquiler ha fracasado en lugares donde se ha puesto en práctica, como por ejemplo en Cataluña, Berlín, San Francisco o Escocia.
En Cataluña ya se intervinieron los precios y el Tribunal Constitucional, en 2022, año y medio después, anuló parte de esa normativa autonómica. Y un estudio del Centro de Políticas Económicas, de Esade, constató que la norma redundó, durante el año y medio en que estuvo vigente, en una subida del 12,7 % en las rentas de los pisos más baratos debido a la contracción de la oferta. Además, muchos propietarios, por la inseguridad jurídica, decidieron retirar sus viviendas del alquiler y pusieron sus viviendas a la venta o las destinaron a alquiler turístico o de temporada.
También en Berlín la experiencia salió mal. Según el Instituto IFO de Múnich, el tope aplicado en la capital alemana trajo consigo la instauración de dos tipos de precios, el oficial y el del mercado, en previsión de que la llamada cláusula berlinesa se declarara nula y la justicia obligara a indemnizar a los propietarios, como finalmente sucedió. El desbarajuste dio lugar a contratos alegales, inseguridad y una reducción del 60 % de la oferta de los pisos afectados por esta regulación.
En San Francisco, la intervención de los precios en 2019 produjo también una reducción de la oferta del alquiler en un 15 %, y en el caso de los grandes tenedores se disparó a un 64 % debido a que estos desplazaron la inversión a la oferta de alquiler de obra nueva, que no estaba sometida a restricciones de precio.
Mientras que Escocia impuso un tope al incremento de los alquileres y el resultado no fue otro que un aumento generalizado de los precios previo a la entrada en vigor de la norma. Un informe de la agencia inmobiliaria Rettie, solicitado por la Federación de propiedades británicas, mostró que la normativa había paralizado inversiones en vivienda por valor de 3.761 millones de euros, lo que implica que se habían perdido cerca de 15.200 viviendas y alrededor de 16.000 puestos de trabajo.
En definitiva, la intervención del mercado es una nefasta propuesta que tiene malísimas consecuencias para los ciudadanos.
Algo que parece obviar el Consejero de Izquierda Unida en el Gobierno del Principado, Ovidio Zapico, que ha insistido en fechas recientes, de forma recurrente, en la idea de intervenir los precios de los alquileres en los barrios de Cimadevilla y de la Arena una vez sean declarados como Zonas Tensionadas.
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular en este Ayuntamiento presenta la siguiente;
PROPUESTA DE ACUERDO
Rechazar la posibilidad de que los barrios de Cimadevilla y La Arena sean declarados como zonas de mercado residencial tensionado en el Concejo de Gijón/Xixón sin que medie un acuerdo previo sobre las medidas a aplicar entre el Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno del Principado de Asturias.
