Pilar F. Pardo
La portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pilar Fernández Pardo, exigió ayer públicamente una nueva redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) pactado con el consenso de los ciudadanos. En opinión de Fernández Pardo, «estamos en el mejor momento para rectificar los errores que se cometieron». Aunque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias anula el documento por irregularidades formales, el grupo de la oposición sostiene que «la revisión debería ser completa», incluyendo aquellos contenidos urbanísticos que se aprobaron «de espalda a la ciudad».
La máxima representante del partido en Gijón y también diputada salía ayer a la palestra para exponer «lo que ya es una posición clara» sobre la anulación judicial del PGOU. Posición que pasa por reclamar la repetición del planeamiento urbanístico gijonés, aunque «sabemos que este tipo de procedimientos es lento y lleva su tiempo». El objetivo: «Conseguir un Plan Urbano de consenso, dialogado con los ciudadanos».
En el PGOU que proponen los ciudadanos no tendría cabida, por ejemplo, el plan parcial de Cabueñes. Dicha actuación residencial está pendiente de un juicio que salpica al ex arquitecto jefe de los servicios urbanísticos del Ayuntamiento, y «el Partido Popular no pasa por que se lleve a cabo», indicó Pilar Fernández Pardo, en sus primeras declaraciones sobre la sentencia del alto tribunal asturiano. «Nosotros pedimos que se haga una modificación sustancial, en lugar de mantener el 99 por ciento, como dice la Alcaldesa», apostilló.
La alcaldesa aseguraba el domingo, en la clausura de la «Semana negra», que en el peor de los casos el Ayuntamiento sólo tendrá que revisar la tramitación del PGOU. O lo que es lo mismo: que no se tocarán los planes parciales en marcha ni los derechos edificatorios a los que ha dado lugar el documento que ahora anula el Tribunal Superior.
«Estamos ante un gobierno municipal incapaz, incompetente e irresponsable, que ha instalado la inseguridad jurídica en la ciudad», recriminó Fernández Pardo. Su partido solicitaba ayer por escrito a la secretaria municipal un informe jurídico que determine «el alcance legal y económico» de la sentencia, especialmente en caso de que la confirme el Tribunal Supremo, ante el que el Ayuntamiento va a presentar un recurso. «A partir de ahí, podremos hacer propuestas más concretas», señaló la líder del PP.
Fernández Pardo ya tenía ayer muy claro a quién dirigir la culpa de esta «gravísima situación». En primer término, «la alcaldesa y los miembros de la actual Corporación, que asumen la validez de un plan anulado» judicialmente. Y, luego, «Morales, el señor Teixidor (arquitecto redactor del PGOU); el señor Buendía, al frente de la CUOTA, que dio de paso el plan».
