Dorinda García
Si hay un obstáculo en estos últimos años que dificulte la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, ése es la crisis económica y la incapacidad del Gobierno de Zapatero para afrontarla. Las mujeres presentan unas tasas de actividad y de ocupación menores, así como un mayor desempleo en comparación con los hombres. Sufren más la temporalidad contractual y, además, perciben un salario inferior porque sufren discriminación laboral. Estas diferencias entre los géneros se producen con carácter general en nuestro país.
En España las mujeres ganan entre un 20 y un 30 por ciento menos que los hombres, siendo el caso de Asturias aún peor. En nuestra comunidad autónoma esta diferencia salarial es de un 32,8%, la más alta de todo el Estado. Es decir, si la media de lo que percibe anualmente un asturiano son 22.030,14 euros de salario bruto, una asturiana percibe 14.894,03 euros.
En el último año la tasa de desempleo femenino se ha incrementado en cuatro puntos en el ámbito de España, colocándose en la actualidad en el 19,07%, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2009. Resulta claro que el logro de una sociedad más transversal, en la igualdad de oportunidades, se resiente negativamente con tales datos.
Y es que el panorama no conduce a la esperanza. La tasa de empleo de las mujeres españolas es del 53,27%, mientras que la de los conciudadanos masculinos es del 66,34%, muy lejos del objetivo de un 60% de empleo femenino que había fijado la Unión Europea en la Agenda de Lisboa para 2010. Tampoco se han cumplido otras previsiones, fijadas en la llamada Ley de Igualdad, en lo concerniente a la presencia equilibrada de ambos sexos en los nombramientos y designaciones de cargos de responsabilidad de la Administración y en los órganos de dirección de las empresas.
Así pues, es fundamental trabajar en la aplicación de medidas efectivas, que han de estar dotadas de los recursos suficientes para asegurar la garantía de los derechos contemplados en la legislación. En el Partido Popular estamos trabajando para combatir la discriminación salarial femenina. Nada se está haciendo desde el Gobierno, con un Ministerio de Igualdad dirigido por la Sr. Aído (que anda entretenida en otras cosas), y que destina el 63,8% del presupuesto de igualdad a gastos corrientes y de personal.
Existen demandas, ya históricas, que deben ser satisfechas. Entre ellas, el establecimiento de políticas tendentes a la conciliación de la vida laboral y familiar, que facilite a mujeres y hombres la realización del trabajo y de sus responsabilidades personales y familiares, el control sobre las empresas para que cumplan el principio de equidad, la aplicación de reducciones en las aportaciones a la Seguridad Social realizada por las empresas en los casos de embarazo de las trabajadoras, la asunción de mejoras en la formación y la diversificación profesional y retributiva.
Igualmente, son necesarias ayudas para la promoción del trabajo autónomo encaminadas especialmente al autoempleo de las mujeres, un plan de reinserción en el mercado laboral de las madres de familia numerosa y de las mayores de 45 años con hijos que deseen volver a la actividad profesional. Se precisa una atención personalizada para el acceso al empleo de mujeres jóvenes e inmigrantes.
Tenemos ante todos nosotros un gran reto, y una gran oportunidad, para llegar a la modificación del actual estado de cosas, generando soluciones que contribuyan al fin de la precariedad laboral de la mujer. Sólo así, plenamente comprometidos con esta determinación, lograremos vivir en una sociedad plural, respetuosa e igualitaria.
