Elma Alonso, Pilar Fernandez Pardo y Dorinda Garcia
El Principado sigue sin ofrecer las ayudas previstas por la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero de 2007, para la contratación de asistentes personales en aquellos casos en los que se necesitan asistentes para las actividades básicas de la vida diaria, según denunció ayer el Partido Popular (PP). «La ley, cuyo contenido es bueno, no es abordada como es necesario», aseguró la diputada nacional y presidenta del partido en Gijón, Pilar Fernández Pardo.
El presidente de los populares asturianos y portavoz en la Junta General, Ovidio Sánchez, ha presentado una proposición no de ley para que, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se establezcan en Asturias las condiciones necesarias para que las personas que padecen una gran dependencia puedan acceder a un asistente personal, tal y como prevé la ley. Comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Cataluña y el País Vasco ofrecen ya los servicios de estos profesionales, a los que se pide una formación específica especializada.
El principal escollo para el desarrollo de esa figura legal es económico, como se puso de manifiesto ayer en el «Foro de discapacidad» que organizó el PP de Gijón en el Centro Municipal de el Llano. Ángel Gómez Mediavilla, director de Ordenación y Acceso a los Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, explicó que el coste de tres horas diarias de atención supone un desembolso mensual de 831 euros, cantidad que se eleva hasta los 2.500 euros cuando el servicio es más amplio. En Castilla y León hay 38 personas que tienen reconocido el derecho a esta prestación, el 0,8 por ciento de la población necesitada, siete décimas por encima de la media nacional.
«Va a costar muy caro», admitió Elma Alonso, diputada del PP en la Junta. Es una de las razones por las que, a su juicio, el Gobierno que preside Vicente Álvarez Areces aún no ha empezado a aplicar este derecho. Noemí Martín, de IU-BA-LV, asume la Consejería de Bienestar Social en el Ejecutivo de coalición entre estas tres organizaciones y los socialistas. Según datos de Alonso, 34.232 solicitantes se han acogido a la ley, con 26.829 valoraciones. La media de espera es de diez meses. Hay 15.138 ayudas a domicilio aprobadas, aunque sólo 10.976 reciben la prestación. «La ley de Dependencia nació con escasa financiación y su carga (en el caso de Asturias el 70 por ciento, un 20 por ciento más) la soporta la Comunidad Autónoma», indicó, por su parte, la senadora Dorinda García.
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