El Partido Popular de Gijón propuso ayer al equipo de gobierno dejar sin efecto de forma inmediata el actual PGOU y volver a aplicar el anterior, el conocido como ‘plan Rañada’. «No es que ese plan nos guste, pero es la decisión que más seguridad jurídica daría a los ciudadanos», defendió ayer el concejal Pedro Muñiz.
No es la única petición que realiza el PP, que ha solicitado una comisión extraordinaria de Urbanismo para tratar «las consecuencias que se derivan de la sentencia del TSJA», visto que en el orden del día de la reunión ordinaria que se celebrará el viernes no está previsto abordar esta cuestión. Además, el grupo municipal popular optará a partir de ahora por abstenerse en las votaciones que hagan referencia a planes urbanísticos que dependan del actual PGOU.
Critican los populares que el Ayuntamiento haya decidido recurrir ante el Supremo y comenzar la revisión al mismo tiempo, algo que consideran una «actuación irregular que provoca más inseguridad jurídica a los ciudadanos, que no sabrán a qué atenerse», porque «si el Supremo anula la sentencia del TSJA, ¿qué hacemos con la revisión y con el dinero gastado?» En este sentido, Muñiz también criticó la contratación «a dedo» de Luciano Parejo Alfonso.