Volvió ayer al Ayuntamiento la polémica que rodea desde hace semanas al plan parcial de Cabueñes, a causa de los movimientos mercantiles del ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco. Había comisión de Urbanismo y, en la misma, el Partido Popular presentó un escrito, que luego remitió también a la Fiscalía, rechazando que el acta redactada sobre la comisión anterior se pueda considerar como tal.
Este último capítulo de la polémica comenzó el pasado 27 de marzo. Ese día se celebró una comisión de Urbanismo en la que durante dos horas los grupos municipales debatieron sobre el asunto de Cabueñes. Aquella reunión debía grabarse para ser transcrita de forma literal, pero un fallo técnico lo impidió.
A partir de ahí, PSOE y PP no lograron ponerse de acuerdo sobre si había que repetir la reunión o no. Y, finalmente, la secretaria de la comisión redactó el acta basándose en sus propias notas. El documento fue remitido la semana pasada a la Fiscalía.
El PP no está de acuerdo con nada, y así lo expresó ayer el concejal Luis Crego. En primer lugar, porque el acta fue remitida antes de que fuera aprobada en la reunión de ayer, por lo que «el documento carece de valor alguno». Y, en segundo, porque el documento enviado «no refleja el contenido fiel de lo manifestado por los intervinientes en esa reunión». Crego asegura que, desde el mismo momento en que se anunció que la comisión sería grabada, «a la secretaria se le ve tomar incidentalmente alguna nota».
Todo esto, defiende el edil, «impide la consideración como acta de la reunión de los folios que han presentado». Así, el PP votó ayer en contra de la aprobación de dicho acta, y así se lo ha comunicado también a la Fiscalía. Pero es que, además, los populares remiten un listado de los ejemplos que, a su juicio, muestran que el documento redactado contiene numerosos errores. Se han basado en las notas que tomó el propio Crego durante la comisión.
Dichos errores van desde cambios de orden en las intervenciones hasta omisiones. O incluso la transcripción de manifestaciones que, dicen los populares, han sido añadidas a posteriori. Y hay párrafos enteros puestos en boca de la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, que según los populares han sido cambiados sustancialmente. Además, cada vez que ella interviene «se utiliza el término ‘interrumpe’, término que no es utilizado para ninguna otra intervención».
«Es una aberración, una auténtica barbaridad», concluyó Luis Crego, «y una actitud no propia de la Administración». Porque insisten en que el documento remitido a la Fiscalía por parte del equipo de gobierno «no tiene más valor que el papel que lo contiene». Lo ocurrido con esta polémica comisión y esta más que polémica acta es, a juicio del PP, «un paso más en el camino desafortunado del equipo de gobierno, que demuestra que en este asunto si algo impera es la anormalidad y el nerviosismo fuera de lo común, que les lleva a cometer estas irregularidades».
