Los concejales del Grupo Popular, en el Salón de Plenos.
La modificación presupuestaria que el partido de Cascos quiere llevar al Pleno del próximo nueve de mayo por importe 6,3 millones de euros se incluye el reconocimiento extrajudicial de facturas impagadas de 2013 por una cuantía de 395.615 euros y dedica 4,7 millones a la amortización de deuda, 540.000 a mantenimiento de edificios municipales, 400.000 euros a un proyecto de complejo deportivo en la zona Oeste y 160.000 euros a acciones vinculadas al Mundial de Atletismo.
El PP, con quien Foro mantiene negociaciones sobre el destino de los dineros municipales, optó en la comisión de Hacienda celebrada ayer por la abstención. Primero, porque los populares quieren que los casquistas clarifiquen la situación de las facturas de 2013. Y segundo porque el Grupo del PP, aunque ya ha mostrado públicamente su compromiso con la amortización de deuda para conseguir mayores ahorros, quiere más de Foro. El Partido Popular dejó ayer claro que sus apoyos están vinculados a sacar adelante iniciativas urbanísticas que considera prioritarias.
Por una parte, dando financiación a obras de mejora del entorno de la calle de Francisco de Paula y la avenida del Llano, la semipeatonalización de las calles Aguado, entre Manso y Emilio Tuya, e Instituto, en el tramo entre Jovellanos y Munuza, la revitalización de la plaza de Europa y la reforma de Marqués de San Esteban.
Pero el Grupo Popular también quiere dinero para el plan de rehabilitación de fachadas y eliminación de barreras porque «eso supone generar actividad económica y puestos de trabajo, eso es lo que urge». En este sentido, el equipo de gobierno ha iniciado el proceso, que se tramitará por la vía de urgencia, de contratar un nuevo préstamo de cuatro millones de euros que se destinará, casi en exclusiva, a cubrir las necesidades del plan de fachadas, con 130 obras pendientes de financiación.
Por otro lado, también se decantaron por la abstención en comisión de Hacienda todos los partidos de la oposición al votar la desafectación del edificio que alberga el matadero comarcal como primer paso para llevar al régimen de derecho privado la relación entre el Ayuntamiento y la gestora de esta instalación, que ahora mismo se rige como concesión.
