El Partido Popular pidió ayer la creación de una comisión no permanente en el Ayuntamiento de Gijón que investigue las posibles derivaciones políticas del «caso Blanco».
El secretario general de la formación, Luis Crego, anunció que su partido solicitará esta medida en la Comisión especial de Urbanismo convocada para este viernes. Además, tanto Crego como el edil Pedro Muñiz entregaron ayer a la fiscal de área de la ciudad, Rosa María Álvarez, todos los documentos registrales en los que se reflejan los continuos cambios de propiedad de la finca «La Llosina», que permitieron al ex arquitecto municipal Ovidio Blanco conseguir un beneficio de 609.907 euros.
«Pediremos, en función del artículo 127 de nuestro reglamento de pleno, que se cree una comisión no permanente para investigar la intervención municipal en todo este asunto desde, al menos, el año 1992», aseguró Crego en relación a la primera compra de la parcela por parte de Blanco y su esposa a Hoyant, S. L. Con esta medida, los populares pretenden depurar las posibles responsabilidades políticas que afectarán a los responsables de la concejalía de Urbanismo en relación con la reventa del terreno.
Crego y Muñiz acudieron durante la mañana de ayer a la fiscalía de Gijón para entregar todos los movimientos que aparecen recogidos en el Registro de la Propiedad en relación a la finca del ex arquitecto jefe hasta su venta definitiva en el año 2006 a la inmobiliaria Urbis. Además, solicitaron a la fiscal que el PP sea tenido en cuenta como parte en la investigación, dada «la trascendencia pública» del escándalo urbanístico.
Los populares decidieron llevar esta documentación ante el ministerio fiscal al entender que la entregada por el gobierno local es insuficiente. «La pretendida investigación que solicita la junta de gobierno se basa en datos claramente limitados», afirmó Crego.
El equipo de la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, llevó hace una semana ante la fiscalía toda la información publicada en el periódico madrileño que destapó el caso, así como datos aportados por otros medios de ámbito regional. También se puso a disposición de la investigación la grabación de las declaraciones públicas que el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, hizo el pasado día 16 de marzo.
En cuanto al rifirrafe político levantado a raíz del caso, Crego aseguró que la medida anunciada por parte de los socialistas de llevar al PP a los juzgados por aportar supuesta información falsa es «una cortina de humo» para no responder ante la opinión pública «de lo realmente importante». En este sentido, apuntó que «para el PSOE debemos ser malos ciudadanos», al ironizar sobre las declaraciones del primer teniente de alcalde, José Manuel Sariego, que tildó de esta forma a los vecinos de Cabueñes por no llevar el caso a la justicia. «Estas palabras son un ejercicio de totalitarismo»
