El llamado «caso Blanco» está únicamente relacionado con el plan UZN C1 Universidad-Cabueñes. Pero el Partido Popular considera que la investigación debe abrirse a todas las actuaciones urbanísticas que están pendientes de desarrollo dentro del concejo. Investigación que ha iniciado por su cuenta y que el grupo de la oposición extiende «a zonas como Granda, Castiello y Jove», donde también están previstos desarrollos residenciales en altura que transformarán por completo el paisaje rural de las citadas parroquias.
«Hay que recordar que algunas de ellas han sido recalificadas con un incremento considerable de la edificabilidad y, por tanto, del valor de las mismas», manifestó el PP de Gijón. A juicio de los populares, «hay motivos más que suficientes para cuestionar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)», cuya última revisión derivó en recalificaciones de suelo rural como la del escándalo en Cabueñes. Su presidenta y portavoz en el Ayuntamiento, Pilar Fernández Pardo, ha pedido la comparecencia pública de quienes han sido responsables políticos del área de Urbanismo durante los últimos doce años de Ovidio Blanco como arquitecto municipal.
Aunque, según advierte el Partido Popular, «el caso de la finca de Ovidio Blanco en Cabueñes representa un mínimo porcentaje de lo que, supuestamente, podría estar ocurriendo en el urbanismo gijonés, por lo que nuestro partido investiga ya todas las actuaciones tramitadas en el municipio». El equipo que encabeza Fernández Pardo insta, además, a que «todos los vecinos agraviados por las tasaciones de suelo realizadas por Ovidio Blanco en toda Asturias a través de Sogepsa (sociedad a la que presta servicios externos desde que salió en excedencia del Ayuntamiento)» se pongan en contacto con el PP.
El plan de Cabueñes permite la construcción de 655 viviendas entre el Hospital y la carretera de Villaviciosa. El de Granda, por su parte, supera los mil pisos. Y, en Castiello, está prevista la edificación de unas 4.000 viviendas más. Todos ellos se perfilaron al amparo de la última revisión del PGOU, que los vecinos de la zona rural rechazaron con más de 3.000 alegaciones y tres «marchas verdes». En cuanto al plan de Jove, aún está en proceso de gestación y su desarrollo exigirá cambios en el PGOU.
