«¿Ha comenzado el Ayuntamiento de Gijón alguna acción legal o piensa ejercerla frente a la Tesorería General de la Seguridad Social por no haber manifestado la realidad jurídica de la finca comprada en Cabueñes en 1991?». Ésta es la pregunta que formulará el grupo municipal del Partido Popular a la alcaldesa en el pleno ordinario de noviembre, que se celebrará el próximo viernes. El equipo de la oposición pretende conocer los pormenores de la adquisición de un terreno de 50.000 metros cuadrados.
Tal y como consta en el Registro de la Propiedad, la Tesorería General de la Seguridad Social manifestó que esta finca estaba libre de arrendamientos. Sin embargo, a través de una sentencia firme posterior se supo que la finca estaba ocupada legítimamente por unos arrendatarios, un matrimonio que ejerció su derecho de retracto para comprar dicha finca.
«Exigimos saber por qué el Ayuntamiento no ha denunciado los hechos. La Tesorería supuestamente engañó al Consistorio, así que exigimos que se emprendan acciones legales», explicó ayer Pedro Muñiz, concejal del Partido Popular. El Ayuntamiento adquirió la parcela a cambio de una modificación urbanística de otras parcelas también de su propiedad.
Según explicó el grupo de la oposición, en agosto de 2007, con sentencia firme, la legítima arrendataria se quedó con la finca, abonando al Ayuntamiento la cantidad de 204.610 euros. Cuatro meses después, en diciembre de 2007, se la vendió a la empresa Balneario de Panticosa por 4.740.000 euros.
Dicha empresa vendió el 15% de la finca a una promotora gijonesa por 2.150.000 euros. Aguas de Panticosa vendió posteriormente el 85% restante a Nozar, S. A., por 12.185.000 euros. (Aguas de Panticosa y Nozar pertenecen al mismo grupo empresarial). En agosto de 2008, Beyos y Ponga (dependiente de Cajastur) compró a Nozar el terreno por 11.108.058. En aquella fecha, la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, era vicepresidente de la entidad bancaria. El grupo popular, al igual que hicieron hace quince días los miembros de la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes, exigen la comparecencia de la regidora local por su «posible conocimiento sobre la operación que se realizó cuando ya habían comenzado las investigaciones del denominado ‘caso Blanco’.
La finca adquirida por el Ayuntamiento en Cabueñes linda al norte con el controvertido terreno La Llosona, comprado tres meses después de la operación municipal por la empresa Hoyant y que posteriormente segregó una parte a Ovidio Blanco, ex arquitecto jefe municipal. El juzgado de Instrucción número 5 está investigando el caso y el supuesto uso de sus conocimientos profesionales para lucrarse personalmente.
El Partido Popular relaciona toda la operación del Ayuntamiento en la parroquia de Cabueñes con el caso ‘Blanco’. Por ese motivo, solicitó que fueran llamados a declarar el ex concejal de Urbanismo y el actual de éste área, Jesús Morales y Pedro Sanjurjo, respectivamente, y también la propia alcaldesa. La próxima semana declararán la mujer de Horacio Costales y también la viuda del otro socio de Hoyant, Antonio Cueto, que será la segunda vez que lo haga por esta causa.
