La presidenta del Partido Popular en Gijón, Pilar Fernández Pardo, vaticinaba ayer que «si esta ciudad fue la cuna del arecismo, acabará convirtiéndose en su tumba» debido a los escándalos urbanísticos. Lo hizo antes de que ella y los diputados regionales de su partido, Ana Barrientos y Ramón García Cañal, denunciaran públicamente «un tinglado» o «trama» que excede el territorio gijonés. «Aquí no hay sólo una oveja negra -en alusión al ex arquitecto municipal Ovidio Blanco-, sino el rebaño entero», sentenció Fernández Pardo.
El «tinglado urbanístico» que el PP vincula con el arecismo tiene como protagonistas al consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía; al gerente de la constructora pública Sedes, Santiago Caicoya; al viceconsejero de Promoción Cultural y Política Lingüística, Jorge Fernández León; al arquitecto Alejandro Alcázar, y al propio Ovidio Blanco, que lleva varias semanas en el ojo del huracán por la compraventa de una de las parcelas adscritas al plan urbanístico de Cabueñes. «Los mismos personajes confluyen en los mismos sitios. Y yo no creo en las casualidades», señaló Ramón García Cañal, antes de hacer un breve perfil de cada uno de ellos.
«Buendía fue uno de los máximos responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gijón y, tras las elecciones de 1999, pasó a ocupar la Dirección General de Urbanismo y, luego, la Consejería de Infraestructuras. Preside la CUOTA y Sogepsa, y la empresa Sedes está adscrita a su Consejería», empezó diciendo. En cuanto a Santiago Caicoya, «ha sido asesor del Ayuntamiento de Gijón con Areces (ahora presidente regional). En 2002, lo nombraron director general de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales y, en 2004, gerente de Sedes».
El siguiente fue Jorge Fernández León: «Director de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón; asesor de Areces, primero en el Ayuntamiento y luego en el Principado; en 2003 le nombran director de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales con rango de viceconsejero, que desarrolla fundamentalmente los proyectos de la Laboral; desde 2008 ocupa la Viceconsejería de Promoción Cultural y Política Lingüística». De Ovidio Blanco, el diputado popular destacó que «fue arquitecto jefe del Ayuntamiento hasta diciembre de 2003 y, tras pedir la excedencia, pasa a ser contratado por Sogepsa y también hace trabajos para Sedes».
Y, por último, Alejandro Alcázar. «Funcionario de la Mancomunidad del Nalón, accede en 2002 al puesto de jefe de servicio de la Unidad de Arquitectura de la Agencia para el Desarrollo de Proyectos Culturales, que dirigía Santiago Caicoya; fue necesario modificar la RPT (relación de puestos de trabajo) de la Consejería de Cultura para permitir que un funcionario de otra administración pudiera acceder al puesto», recordó. «En 2008 se descubre que, pese a ser incompatible con su cargo, el señor Alcázar ha trabajado copiosamente en proyectos privados. A veces para empresas sobre las que tenía que emitir informes para adjudicaciones de contratos de la Administración. Una de esas empresas ha sido Sedes», prosiguió García Cañal.
En este «círculo», los dirigentes del PP incluso han encontrado contrataciones en las que «Alejandro Alcázar y Ovidio Blanco coinciden como arquitectos». El diputado popular aportó documentos oficiales relativos, en concreto, al plan parcial del ámbito 3 de Lugones, cuyo desarrollo está promovido por Sedes, entre otras empresas. «Se están dando una serie de actuaciones que necesitan ser clarificadas. La Consejería de Buendía interviene en Sedes, la CUOTA, Sogepsa, la ZALIA, Gijón al Norte… ¿Qué controles hay en todo este entramado urbanístico?», planteó, por su parte, Ana Barrientos.
El Partido Popular está convencido de que «hay intermediarios del urbanismo asturiano protegidos por la Administración, arquitectos amigos con buena entrada en la CUOTA, que es donde acaban todos los proyectos; así de sencillo. Lo de Ovidio Blanco en Cabueñes no es aislado». El diputado Ramón García Cañal puso un ejemplo más: «Pero si en las obras de la Laboral pusieron a coordinar a las empresas contratadas a un funcionario que está condenado por certificar en falso en el Ayuntamiento de Corvera».
