Dorinda García
«¿Cuántos trabajadores del plan Piles II han sido despedidos sin causa justa? ¿Cuántos miles de euros ha habido que sacar de las arcas municipales para pagar sus indemnizaciones por despido improcedente?». La concejala del Partido Popular Dorinda García abrió ayer con estas dos cuestiones una batería de «preguntas públicas que esperamos que el Ayuntamiento responda a los ciudadanos», en relación a varias sentencias ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en las que se señala, según explicó el PP, que la prolongación en el tiempo, «en algún caso, hasta diez años», de varios contratos temporales enlazados les daba un carácter de contratación indefinida y, por tanto, la no renovación debía considerarse un despido, con la consecuente indemnización.
La edil popular, que aseguró desconocer cuantos trabajadores se encontraron en esta situación -«a día de hoy conocemos ocho sentencias ratificadas por el TSJA, pero cada vez que solicito expedientes de la asesoría jurídica aparece alguna nueva»-, explicó que por cada uno de ellos podrían tener que pagarse en torno a 20.000 euros, más los intereses legales por demora. García apuntó además que, pese a ganar sus demandas, algunos de los trabajadores se han visto obligados a exigir por vía judicial la ejecución de sentencia para poder cobrar.
La concejala recordó que el plan Piles II empezó a funcionar en 1999 y explicó que en sus bases se recogía que las contrataciones se harían por un año «y su fin fundamental era la formación, para su posterior inserción en el mercado laboral». Sin embargo, el Partido Popular denuncia que tras la finalización de esos contratos, varios participantes del plan Piles firmaron otros similares, también de carácter temporal. «El TSJA le dice ahora al Ayuntamiento que estos trabajos en verdad constituían un contrato indefinido y, por tanto, lo que se ha producido no es un final de contrato, sino un despido improcedente». Dorinda García destacó además que, pese a tener razón, sólo parte de los trabajadores que se vieron en esta situación llegaron a la vía judicial, por lo que considera que el Ayuntamiento «es también deudor del resto de trabajadores que, por ignorancia o por falta de recursos, no han acudido a los tribunales».
Por su parte, el también concejal del Partido Popular Pedro Muñiz consideró que estas contrataciones «fueron contra el espíritu del plan, que era formar a la gente». Apuntó que la mayoría de quienes se encontraron en esa situación de contrataciones enlazadas para seguir trabajando con el plan Piles tenían categoría de oficiales y señaló que «si lo que ocurría era que no había suficientes oficiales demandantes de empleo que pudieran venir al plan, quizás lo que ocurría era que se estaba manteniendo un programa que no tenía sentido». Desde el punto de vista jurídico, apuntó que «los contratos temporales tienen que determinar claramente cuál va a ser el trabajo que vas a realizar, pero en los del Ayuntamiento no se pone cuál era la obra determinada que iban a hacer».
Muñiz señaló además que en las bases del nuevo programa PIME para la mejora de la empleabilidad «se vuelve a fomentar lo que ninguna administración debería fomentar, que es el empleo temporal. Y además volvemos a hacerlo mal, arriesgándonos a que en su momento algún trabajador vuelva a denunciar al Ayuntamiento, y los tribunales le darán la razón, porque hay jurisprudencia». Consideró que este tipo de contrataciones equivalen a una especie de «semiesclavitud».
