El Partido Popular ha denunciado públicamente lo que, a su juicio, es una «práctica fraudulenta» que ha tenido lugar en el seno de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón. Los concejales Pedro Muñiz y Eduardo Junquera se refirieron a la «contratación irregular» de varias personas, irregular porque, al parecer, se llevó a cabo «a dedo, sin exámenes, sin proceso selectivo, sin publicidad previa, sin convocatoria, vulnerando la legislación laboral».
Los hechos, según la versión de los populares, comenzaron en 2005, en el marco de los acuerdos de colaboración para la contratación entre el Ayuntamiento y el Principado. En ese proceso, cuatro personas fueron contratadas y destinadas a la EMA para realizar labores de auxiliar administrativo.
Aquellos contratos eran temporales y tenían una duración de entre 6 y 8 meses. Pero, a su término, la EMA mantuvo la relación laboral con esas cuatro personas, a través de contratos de obra y servicio. Esa situación se alargó durante tres años, aseguran los ediles del PP. Transcurrido ese tiempo, dos de esas personas fueron despedidas y otras dos pasaron a ser personal fijo de la empresa municipal. Estas dos últimas se habían presentado, el año pasado, a una oposición del Ayuntamiento «y habían quedado por debajo del puesto 140».
Según Muñiz y Junquera, los problemas empiezan ya con los contratos de obra y servicio, utilizados de forma «ilegal, porque eran para realizar una actividad ordinaria de la empresa». Continúan por la duración de esa relación contractual, ya que «a los tres años, esas personas pasarían a ser fijas». Y finalizan con el hecho de haber hecho fijas a dos, «saltándose todos los procedimientos legales, sin respetar los principios de toda contratación del sector público, de igualdad y concurrencia».
Eduardo Junquera y Pedro Muñiz responsabilizaron de la situación, de forma directa, a la presidenta de la EMA, la concejala Dulce Gallego, y al gerente de la misma, Luis Alemany.
Aunque también extendieron la responsabilidad a todos los miembros del consejo de administración, que «consienten, aplauden y hacen la ola a estas actuaciones. Y el que no consiente, ni aplaude ni hace la ola, es excluido ilegalmente de este órgano, como es mi caso», aseguró Junquera. El edil fue expulsado del consejo de administración el pasado mes de febrero por haber usado información interna del organismo.
