Pilar Fernández Pardo
El hecho objetivo que todos, o casi todos, compartimos de que la ampliación de El Musel es de interés general, en el sentido de que es necesaria para Gijón, Asturias y España, no vale como excusa para justificar el incumplimiento de las normas en materia de contratación y control en la ejecución de las obras públicas.
Justificar bajo el manto del «interés general» la vulneración de las leyes, no puede aceptarse en democracia. Sería demagogia. Y eso es lo que se utiliza en las sociedades no democráticas y lo que están haciendo los dirigentes socialistas en este caso. La obra de ampliación del puerto gijonés fue adjudicada por un importe de 580 millones de euros (noventa y seis mil millones de pesetas).
Ahora, sin que nadie haya explicado por qué, acabar esa obra cuesta 831 millones de euros, un 43 por ciento más. Una enorme cantidad de dinero que los gijoneses tendremos que pagar sin que Areces, Buendía, Felgueroso, Rexach ni el ministro José Blanco asuman responsabilidad alguna.
El Partido Popular, como representante de los intereses ciudadanos, no va a consentir que la impunidad triunfe en este escándalo, cuya resolución es una de las prioridades para nosotros y para nuestro presidente, Mariano Rajoy. Todo lo contrario ocurre en Izquierda Unida, que son quienes en Gijón y en Asturias comparten y mantienen con sus votos el Gobierno y que, a cambio de las prebendas que reciben por ello, se oponen a investigar y llegar hasta el final de este asunto.
El presidente del Principado, de la Autoridad Portuaria y la alcaldesa de Gijón son, con sus actuaciones, los principales responsables de que la Unión Europea haya denegado a España los fondos necesarios para concluir la obra de El Musel y que ahora su única solución sea un supuesto préstamo del Ministerio de Fomento, que habremos de devolver durante un larguísimo período de tiempo.
El pasado lunes, los dirigentes socialistas aprovecharon el acto de entrega a Enagás de los terrenos de El Musel, donde esta compañía ubicará la planta regasificadora, para realizar una puesta en escena utilizando sus dotes teatrales. Un acto al que, por otra parte, ningún miembro del Partido Popular de Gijón fue invitado ni como parte de la Corporación gijonesa ni como representantes en el Congreso y Senado.
Los responsables del sobrecoste vienen asegurando reiteradamente que ese supuesto préstamo, 215 millones de euros, va a poder ser devuelto sin problemas con los ingresos que el puerto va a recibir por la propia instalación de la regasificadora de Enagás y por la futura planta de ciclo combinado, pero se han negado a dar información de los importes económicos que ambas infraestructuras supondrán para El Musel.
Ante esta negativa, como diputada del Partido Popular por Asturias he formulado esa pregunta al Gobierno en el Congreso. Espero que la respuesta que se dé a esta cuestión permita conocer el alcance económico que esta infraestructura supondrá para los ingresos de la Autoridad Portuaria de Gijón y, por tanto, si son determinantes para financiar ese supuesto préstamo.
La transparencia en la gestión de lo público, y más cuando se trata del dinero de todos los ciudadanos, es básica en democracia.
