El Partido Popular de Gijón y la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, que ejercen la acción popular en la instrucción del caso Blanco, reaccionaron ayer con incredulidad e indignación ante la postura del Ayuntamiento, coincidente con las tesis sobre prescripción de delitos esgrimida por el abogado defensor del ex arquitecto jefe municipal para pedir al juez el sobreseimiento y archivo de su causa penal.
Según se desprende de las alegaciones presentadas por el abogado Ángel Luis Bernal del Castillo, contratado para ejercer la acusación particular, el Ayuntamiento da por prescritos los posibles delitos investigados de tráfico de influencias y de uso de información privilegiada. Sin embargo, difiere su valoración para el caso del delito de cohecho, porque según el letrado, hay modalidades de este tipo delictivo que podrían no estar zanjadas aún a efectos judiciales por llevar aparejadas penas de inhabilitación superiores a los cinco años. En el escrito alegatorio, Bernal del Castillo elude pronunciarse, asimismo, sobre los indicios delictivos que pudieran derivarse de las diligencias practicadas hasta el momento.
El PP, a través de su abogado Pedro Muñiz, criticó la forma de proceder del Ayuntamiento que, a su juicio, «actúa como una segunda defensa letrada de Ovidio Blanco». Sobre todo le llama la atención la respuesta sobre la prescripción del delito del uso de información privilegiada, que mantiene su vigencia penal hasta diez años después de la comisión del delito si se acredita un grave daño a la causa pública.
Fuentes de la Plataforma de Cabueñes aseguraron ayer que la alegación municipal pone de manifiesto «el papelón del Ayuntamiento» en este caso. Además, lamentaron que éste «pague con dinero público la defensa de intereses personales de un funcionario que se lucró escandalosamente por su condición de empleado público».
