El equipo de gobierno no quiere que se conozca toda la verdad sobre el «caso Blanco». Presume de haber llevado documentación al ministerio fiscal, cuando éste hubiese actuado de oficio ante las pruebas aportadas por los vecinos de Cabueñes, aquellos a los que el secretario general del PSOE de Gijón, José Manuel Sariego, ha calificado como «malos vecinos y malos ciudadanos». Y sólo por hablar, por ejercitar sus derechos en un Estado democrático.
Pues bien, estos vecinos, miembros de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes, pusieron los hechos en conocimiento del equipo de gobierno el viernes 13 de marzo. El lunes, una vez publicada la noticia sobre el supuesto «pelotazo» urbanístico del ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón, Ovidio Blanco, el concejal de Urbanismo compareció ante los medios de comunicación para desmentir la noticia y poner la mano en el fuego por Blanco.
Horas después, el gobierno municipal rectificaba, desautorizando al edil Pedro Sanjurjo, y anunciaba que llevaría el asunto a la fiscalía. Pero lo único que aportó fueron recortes de prensa. Ésa es su «gran» y única actuación para dar transparencia y claridad a este escandaloso caso.
Sólo después de que el Partido Popular acudiera a la fiscalía para trasladar documentación sobre este asunto, el equipo de gobierno anunció que también llevaría una serie de certificaciones. No se trata, en absoluto, de abrir una guerra de quién le aporta más información, pero lo que es evidente es que el gobierno municipal debería haber actuado con muchísima más celeridad y haber enviado a la fiscalía, nada más conocer estos hechos, el expediente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el del plan parcial de Cabueñes, redactado, por cierto, por Ovidio Blanco, y el expediente referido a la actuación del concejal de Urbanismo en 1992 para que se efectuara la segregación y posterior venta de la finca, entre otros documentos.
Con sus mentiras, con sus contradicciones y con sus ridículas actuaciones, el equipo de gobierno demuestra día a día que no quiere llegar al final de este gravísimo asunto. Pretende convertir a Ovidio Blanco en «cabeza de turco» y único responsable de este oscuro caso, cuando este arquitecto tenía la máxima confianza política de quien le nombró jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, el entonces alcalde y hoy presidente Vicente Álvarez Areces. Una confianza que se trasladó del ámbito local al regional. Blanco pidió una excedencia en el Ayuntamiento de Gijón para prestar sus servicios en Sogepsa. El presidente de esa sociedad y consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, concertó con él la actividad de fijar el precio del suelo, tanto residencial como industrial, de toda Asturias, incluido Gijón.
Blanco fijó, por ejemplo, el precio del suelo para las expropiaciones de Roces y del polígono de Lloreda. En cinco años, el ex arquitecto jefe ha fijado el precio de millones de metros cuadrados que han reportado millones de euros a Sogepsa y que han afectado a miles de personas. Desarrolló esta actividad gracias a la máxima confianza y al enorme poder que le otorgaron desde los ámbitos de gobierno del Ayuntamiento de Gijón y del Ejecutivo del Principado. Tienen que depurarse todas las responsabilidades políticas de este escándalo urbanístico, aunque el «arecismo» pretenda ahora que Ovidio Blanco sea el único «blanco» donde apuntar.
