Ángeles Fernández-Ahúja, presidenta del Partido Popular de Gijón.
(Artículo publicado en el diario El Comercio). Formar parte de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados me ha permitido conocer muy de cerca esta realidad, que representa todo un ejemplo de lucha diaria por superar trabas, miedos… Y hoy, en el Día Internacional de Discapacidad, me gustaría rendir un especial homenaje a estas personas y a quienes se esfuerzan por mejorar sus condiciones de vida y avanzar hacia la igualdad social.
Me refiero a asociaciones, residencias o centros, tanto públicos como privados, e instituciones que están volcadas en la compleja labor de lograr la integración de las personas con discapacidad. En Gijón tenemos buenos ejemplos de ello, y así lo hemos podido comprobar en las visitas y encuentros que venimos realizando desde el Partido Popular. La Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe), encabezada por su directora Mónica Oviedo, es todo un referente en el movimiento asociativo, cercano y accesible.
Un símbolo del buen hacer en Gijón en la atención a las personas discapacitadas, desde su nacimiento en 1945, es también el Sanatorio Marítimo. Clemente Gómez, su gerente, nos mostraba recientemente los diferentes talleres y actividades que ofrece esta institución con tanta raigambre en nuestro municipio. En su colosal edificio, situado frente al Rinconín, atiende a 250 usuarios a los que les infunde apoyo, autoestima y mucho cariño.
Otro centro que impacta positivamente cuando lo conoces por dentro, debido a la enorme implicación de sus trabajadores con las personas afectadas por parálisis cerebral y sus familias es el Centro Ángel de la Guarda de Castiello, de Aspace. Es admirable la implicación del personal, más allá de lo estrictamente laboral, con los residentes y sus familias.
Igualmente, desde el Partido Popular ya hemos expresado nuestro total apoyo a la labor que realiza la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzheimer (ADAFA), así como a la apertura en Gijón de un Centro de día gestionado por familiares.
Son muchas las instituciones que merecen público reconocimiento a su labor, pero son sobre todo las personas con discapacidad las verdaderas protagonistas de este Día Internacional, que nos brinda la oportunidad de reflexionar acerca de dónde estamos y qué podemos hacer para promover el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y la participación en la sociedad de estas personas.
Con ese objetivo defendí, el pasado mes de septiembre, una propuesta de Grupo Parlamentario Popular, que salió adelante pese a la abstención del PSOE, para el establecimiento en Asturias y en el resto de comunidades autónomas, que aún no disponen de ella, de una nueva tarjeta de discapacidad, tamaño carné similar al DNI electrónico, más operativa y funcional.
A través de este certificado, que acredita que una persona tiene un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, las personas pueden acceder a todas las ayudas autonómicas previstas, realizar cualquier trámite administrativo o acceder a descuentos en transportes o a determinadas becas.
A pesar de que ya en 2009 el Grupo Parlamentario Popular había presentado ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad una proposición no de ley por la que se instaba al entonces Gobierno socialista a promover el establecimiento en todo el territorio español de la nueva tarjeta de discapacidad, no todas las comunidades adoptaron el nuevo diseño.
Esta propuesta responde a una reiterada demanda de las asociaciones asturianas de personas con discapacidad, pero hasta la fecha el Gobierno del Principado no ha hecho nada al respecto. Pese que los responsables socialistas asturianos se jactan de ser pioneros en políticas sociales, no lo son y a los hechos me remito. Quizá hoy a alguien se le remueva la conciencia y se agilicen los trámites necesarios para que los asturianos cuenten con la nueva tarjeta, cuyo soporte menos frágil y acorde con la realidad, hará más cómoda y sencilla la vida a las personas con discapacidad.
Frente al inmovilismo del Ejecutivo autonómico en esta materia, el Gobierno de la Nación encamina sus actuaciones hacia la integración de las personas con discapacidad. En la actualidad, trabaja en un informe para adecuar la legislación española a la Convención de Naciones Unidas, entre las que se encuentra una reforma de la Ley Orgánica de Reforma Electoral para que puedan votar todas las personas con discapacidad psíquica e intelectual.
Otro ejemplo de que el Partido Popular apuesta por la integración social es la Ley General de la Discapacidad. Esta normativa, que prepara el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene como finalidad dotar de seguridad jurídica y más claridad la situación de estas personas, mejorando así sus condiciones de vida y la igualdad con el resto de ciudadanos.
Se trataría de armonizar toda la legislación existente sobre la materia que permita facilitar su conocimiento y aumentar su transparencia. Y es que en España actualmente conviven vigentes tres normativas diferentes sobre discapacidad: una del año 1982, otra de 2003 y otra de 2007. La futura ley beneficiaría a más de 3,8 millones de personas, lo que equivale al 8,5% de la población española.
El compromiso del Partido Popular es firme y se basa en tres objetivos: promover una autonomía personal activa, la accesibilidad universal, la erradicación de toda forma de discriminación y el cumplimiento de los principios previstos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en nuestras leyes.
Otra de las apuestas del Gobierno es alcanzar la plena incorporación al mercado laboral de los ciudadanos con discapacidad en igualdad de oportunidades que el resto de la población. Por ello, el Ministerio de Sanidad trabaja en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social con vistas a un nuevo marco legal de promoción laboral.
En esa búsqueda por la integración, también se está preparando una reforma del Código Civil en la que, entre otras cuestiones, se aspira a sustituir el término ‘incapacitado’ por el de ‘personal con capacidad judicial complementada’.
No podría obviar en este artículo un asunto que sigue preocupando y no es otro que la total eliminación de las barreras arquitectónicas. Recorrer las ciudades sin trabas, accediendo a todos los lugares y servicios sin sentirse marginado parece aún una utopía en algunas ciudades. En Gijón, sin ir más lejos, aún queda mucho por hacer. Desde el Partido Popular comprometemos todo nuestro apoyo para seguir trabajando para lograr la igualdad e integración social.
Ángeles Fernández-Ahúja
Presidenta de la Junta Local del Partido Popular de Gijón y diputada nacional
