(Artículo de Trinidad Rodríguez, presidenta de la Comisión de Educación del PP de Gijón, publicado en EL Comercio).
Ante los mediocres resultados obtenidos por los alumnos de quince años en la resolución de problemas cotidianos y en habilidades prácticas, según refleja el informe PISA -peores incluso que los obtenidos anteriormente- saltan las alarmas en la sociedad y hasta se oyen expresiones que denotan incredulidad. Pero los resultados numéricos son incuestionables y su trascendencia es tal que debemos tenerlos muy en cuenta para mejorarlos.
Como se ha difundido con profusión de datos, España ha quedado en el puesto número 23 de los 28 países de la OCDE, por debajo de la media, muy por detrás de Italia e incluso peor que Portugal o Polonia. Hay que señalar, no obstante, que por Comunidades Autónomas destaca Madrid (que está por encima de la media) y País Vasco y Cataluña (ligeramente por debajo).
En lo que a Madrid se refiere, he podido constatar -por razones familiares- que ha establecido mejor que Asturias las prioridades en materia educativa, con clases diarias de Inglés en el ciclo de E. Infantil, así como clases diarias también de Matemáticas , Lengua Española e Inglés en E. Primaria, en el marco de la vigente ley educativa española (LOE). Así todo, Madrid queda lejos en los resultados de los máximos que podrían alcanzarse en PISA, programa que evalúa las competencias adquiridas, no la capacidad intelectual de los alumnos. Y es que, como se viene comprobando en la práctica educativa curso a curso, la Educación en España ha ido empeorando desde la implantación de la LOGSE (hace unos veinte años), hasta la vigente LOE, demostrando su ineficacia y fracaso para afrontar los retos que se le plantean a los jóvenes en la sociedad actual (por desgracia la LOCE, aprobada entre ellas, no dio apenas tiempo a iniciar su aplicación, pues la derogó el gobierno socialista del señor Zapatero nada más tomar posesión).
Ante esta situación nos urge recuperar la calidad de la enseñanza y mejorar el rendimiento de todos los alumnos, procurando que ninguno se quede fuera del sistema educativo, al objeto de garantizar la competitividad de los jóvenes españoles. Estos son los objetivos de la recientemente aprobada LOMCE (que, como indica su nombre, pretende mejorar la calidad de la Educación) fomentando el esfuerzo, el mérito y la capacidad de los alumnos y garantizando el estudio de materias prioritarias en todas las Comunidades Autónomas.
Siendo la Educación una cuestión de Estado deberían haberse realizado aportaciones –en su momento- al proyecto presentado por el Gobierno para lograr un amplio consenso (término muy recordado estos días). Por el contrario, antes de su aprobación se anunció ya su derogación y, en la actualidad, se amenaza con no aplicarla y se presentan recursos tendentes a boicotearla. Con los datos del informe PISA, parece increíble e irresponsable esta actitud por meras razones ideológicas.