(Artículo de Ángeles Fernández-Ahúja, diputada nacional y presidenta de la Junta Local del PP de Gijón, publicado en El Comercio). Un año más los Presupuestos del Estado han iniciado su tramitación parlamentaria. Persiguen un doble objetivo: la consolidación fiscal a la par que el crecimiento económico. Tarea no exenta de dificultades para el Gobierno de España, que conlleva la adopción de medidas, tanto de control del déficit público como de estímulo a la actividad económica. En cualquier caso, se trata de un planteamiento macro que refleja con fidelidad el escenario económico en que nos movemos. La consolidación fiscal y la estabilidad presupuestaria no pueden relajarse. No podemos endeudarnos más. De hacerlo, se suscitaría falta de confianza en el exterior. De ahí, pues, que el objetivo del déficit público para 2015 se fije en el 4,2% para el conjunto de la Administración Pública frente al 5,5% de este año. Cabe recordar que en 2012, las cifras que tuvo que asumir y combatir el Gobierno del Partido Popular se situaban en el 9% de déficit público y en el -1,5% de Producto Interior Bruto, de ahí las reformas estructurales tan duras para los ciudadanos que hubo que poner en marcha.
En 2014, un nuevo entorno económico permite impulsar la actividad productiva y la creación de empleo, con medidas tales como la bajada de impuestos, el Plan CRECE, el incremento de la inversión pública y, por supuesto, la fuerte inyección presupuestaria en la lucha contra el desempleo.
La reforma fiscal, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, configura un sistema tributario más equitativo, bajando el IRPF a los contribuyentes con menores recursos e introduciendo beneficios sociales para los colectivos más vulnerables. Con ello se pretende aumentar la renta disponible en manos de las familias, fomentar la inversión y la competitividad de nuestras empresas.
En cuanto al llamado Plan CRECE, cuyas diferentes actuaciones se cuantifican en 650 millones de euros, sin duda servirá para fortalecer la recuperación económica sin perjudicar la estabilidad presupuestaria.
Por lo que respecta al capítulo inversor, sube un 12,6% la dotación para infraestructuras: a las ferroviarias se aplican más de 4.000 millones de euros, de los que 300 son para la Variante de Pajares; en tanto que las partidas destinadas a empleo se incrementan en 672 millones, ascendiendo a casi 5.000 millones de euros. Todo ello sin obviar la elevación del diez al cincuenta por ciento en la tasa de reposición de efectivos o el nada desdeñable incremento en las políticas de cultura e investigación. Hasta aquí las grandes cifras, de las que nos beneficiamos -y no conviene olvidarlo- los asturianos, los gijoneses. En cuanto a las inversiones estrictas para nuestra región, resulta evidente la prioridad que para el Gobierno del Partido Popular representa la Variante de Pajares. Provoca sonrojo que el PSOE reclame inmediatez, cuando la desclasificaron como obra prioritaria durante catorce años y de las filtraciones de agua nada vieron ni oyeron. Se atiende también a la autovía del Suroccidente en el tramo Salas-Cornellana, incrementándose la inversión en nuestra comunidad en un 14,5%, por encima de la media nacional.
En cuanto a Gijón, negativo e insolidario el discurso de la alcaldesa. Cuatro millones de euros para los accesos de El Musel, con otros 26 consignados hasta el año 2018, son una buena noticia para nuestra ciudad. Permite desempolvar un proyecto empantanado por los gobiernos socialistas, al tiempo que demuestra un firme apoyo a nuestro puerto en situación económico-financiera complicada. En suma, hay quien, en nombre de intereses electorales, prefiere ver ‘el vaso vacío’. Más sensato y realista es verlo ‘medio lleno’.
