“Al final, cantó la gallina. Resulta que se trata de un tema económico y que, según Santiago Martínez Argüelles, al Ayuntamiento le resulta más barato contratar vigilancia privada que detraer personal de la Policía municipal para el área residencial de Roces”. El concejal del Grupo Popular Pedro Muñiz resumía de este modo las manifestaciones efectuadas por el concejal socialista en la Comisión de Hacienda, en la que el Partido Popular ha preguntado por esta contratación “irregular” al entender que incumple con la ley de Seguridad Privada.
En una rueda de prensa, el concejal popular acusó a Martínez Argüelles de «echar balones fuera» para diferir la posible responsabilidad municipal en esta operación a la empresa de seguridad y a la Delegación del Gobierno. El Partido Popular tiene claro que el contrato es irregular y por eso ha decidido trasladar su criterio a la Delegación del Gobierno, por si tuviera que desautorizarlo y suspenderlo y desarrollar alguna actividad parlamentaria para depurar las responsabilidades del Ministerio del Interior en el caso. Pedro Muñiz asegura que no puede haber vigilancia privada en un espacio público y que un contrato de esta naturaleza no sólo debe ser notificado a las autoridades competentes, sino autorizado expresamente por ellas.
«Al final se trata de un tema económico. Los costes son menores que si lo tuviera que hacer la Policía. Con el mismo criterio habría que poner vigilancia privada en todos los sitios de Gijón. ¿Por qué en Roces sí y en Pumarín, Nuevo Gijón o el centro no?», preguntó irónico el edil popular. Muñiz asegura que previamente al contrato de vigilancia privada el Ayuntamiento firmó, sin sacarlos a concurso público, otros contratos puntuales de vigilancia de la zona. «Vamos a pedir a la Delegación del Gobierno que se suspenda el contrato y, si lo suspende, exigimos que su coste sea asumido por el señor Martínez Argüelles, ya que ha asumido la responsabilidad de este contrato».
