“Queremos que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades que se puedan derivar de este escandaloso asunto”. Pilar Fernández Pardo, anunciaba de este modo la denuncia presentada hoy por el Grupo Popular ante la Fiscalía respecto al hallazgo de 20.000 piezas arqueológicas ocultas en la Campa de Torres.Los hechos podrían ser constitutivos de uno o más delitos contra el Patrimonio Histórico Español, tipificados en los artículos 323 y 324 del Código Penal, según explicó Fernández Pardo a los medios de comunicación momentos antes de entregar la denuncia a la Fiscalía, en los juzgados de Poniente. Acompañada por los concejales Maite Menéndez, Manuel Pecharromán, Eduardo Junquera, Pedro Muñiz, Luis Crego y Francisco Rodríguez Cubiella, Fernández Pardo recordó que las excavaciones se llevaron a cabo entre los años 78 y 96, y enfatizó que “todo indica que podrían servir para estudio del origen de Gijón”. Por este motivo, ante la desaparición de las piezas y un posible expolio, apuntó que puede haber indicio de delito. «Es un escándalo en todo caso», añadió.
Por todo ello, instó a que por lo menos se abra una investigación y, de demostrarse que hay delito, que se depuren responsabilidades. La presidenta del Partido Popular insistió que, ante la gravedad de los hechos, será la Fiscalía quien diga sí se ha incurrido en un delito o no. Es más, afirmó que como mínimo existen responsabilidades políticas. A este respecto, afirmó que en el ámbito municipal se solicitó ya la comparecencia del concejal de Cultura, Justo Vilabrille, y a nivel autonómico se pidió en la Junta General del Principado la de la consejera de Cultura, Mercedes Álvarez.
Fernández Pardo abogó por la «claridad» y por ue se esclarezcan estos hechos «de suma gravedad». Asimismo, recordó que se está hablando del origen de Gijón y de unas excavaciones que duraron años y en las que se invirtieron cientos de millones de pesetas en su día de dinero público, por lo que deben responder los responsables políticos.
En su opinión, debe conocerse cuántas piezas se encontraron, si están catalogadas, donde se conservan y todo lo que se pueda averiguar sobre unas piezas de mucho valor. Fernández Pardo indicó que esta denuncia es un primer paso y apuntó que será la Fiscalía quien concrete los delitos posibles. «Para la ciudad de Gijón es una mala noticia», dijo antes de añadir que también lo es para la comunidad, ya que el Principado también invirtió dinero y tiene responsabilidades.
Asimismo, en el escrito entregado a Fiscalía, el Partido Popular hace referencia al hallazgo en un búnker de la Campa Torres de más de 20.000 piezas en muy mal estado de conservación. El hecho de que el descubrimiento fuera hecho hace un año por trabajadores de la Campa, hace suponer al Grupo Popular que la responsable del museo, Paloma García, informó de ello al concejal de Cultura, Justo Vilabrille.
También en el escrito se hace mención a diversos artículos aparecidos en prensa sobre este caso, en el que se pone de manifiesto que algunas piezas están fuera de Asturias, incluso en un domicilio privado de Barcelona.
El concejal Manuel Pecharromán, que es quien firma la denuncia del Grupo Popular, hace mención al artículo 42 de la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español para apoyar su denuncia, ya que la normativa obliga a que los bienes muebles de carácter histórico susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica formen parte del citado patrimonio.
En cuanto a las responsabilidades de las instituciones, el concejal popular señala que cuanto menos puede considerarse que incurrieron en una negligencia si se demuestra que no conocían los hallazgos, por no haber exigido y verificado los resultados de las excavaciones que ellas habían contratado.
En la denuncia se deja claro que se incumplieron al menos dos normativas, la Ley 16/1985 de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español y la Ley 1/2001 de 6 de marzo de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias.
De estos hechos se hace responsable directamente a los concejales de Cultura desde 1991, Manuel Muruais, Mercedes Álvarez -actual consejera_ y Justo Vilabrille. A nivel regional, se acusa a los consejeros de Cultura desde ese mismo año: Amelia Valcarce, María Victoria Rodríguez, Francisco Javier Fernández Vallina, Ana Rosa Migoya y la actual Mercedes Álvarez. El Grupo Popular también apunta como responsables de los yacimientos a Francisco Cuesta -actual director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime– y a Paloma García.
