El concejal del Grupo Popular Francisco Rodríguez Cubiella.
El Partido Popular considera «ridícula» la fianza de 19.200 euros impuesta por el Ayuntamiento a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, encargada de las obras de ampliación de El Musel, para arreglar los caminos de la parroquia de Vega dañados por el transporte de escombros desde la antigua mina de La Camocha al puerto. «Con ese dinero no se van a poder reparar los cuantiosos desperfectos causados por el continuo tránsito de vehículos pesados», asegura el edil Francisco Rodríguez Cubiella, que también pide que las mercancías dejen de circular por los barrios de Pumarín y La Calzada, «dos zonas con mucha población perjudicada por el ruido y la contaminación».
«Al final, los desperfectos creados por una empresa privada con intereses particulares los vamos a tener que pagar todos los gijoneses con dinero municipal, porque la fianza exigida es mínima», explica el concejal popular, que considera que este tipo de acuerdos «perjudiciales para los ciudadanos» son una práctica habitual por parte del gobierno local. «Ya estamos acostumbrados a que también se fijen cantidades muy pequeñas a los encargados de llevar a cabo tareas forestales y que, luego, tenga que ser el Ayuntamiento el que afronte el pago de los daños», apunta.
Además, Rodríguez Cubiella cree que los caminos elegidos para el paso de camiones no son los más apropiados. «No reúnen las condiciones necesarias para soportar una intensidad de tráfico de estas magnitudes, lo que implica además un problema añadido de seguridad vial», señala. Por todo ello, concluye que los vecinos de Vega «están pagando un alto precio por culpa de la política de total permisividad con las obras de El Musel».
Porque, para el concejal, «la Autoridad Portuaria de Gijón tiene patente de corso» en todo lo relativo a la construcción del superpuerto. «Prueba de eso es que se permite circular a los camiones procedentes de La Camocha por el casco urbano, dañando especialmente a los vecinos de Pumarín y de la zona Oeste». «Lo normal es que utilizaran la ronda de circunvalación y entraran por el túnel de Aboño, aunque el trayecto sea más largo», dice. «Esto evidencia que lo que se busca es reducir el recorrido para ahorrar costes a cambio de perjudicar la vida cotidiana de miles de ciudadanos que viven en los barrios que cruzan los camiones por Príncipe de Asturias y Gaspar García Laviana».
