Eduardo Junquera, concejal del Grupo Popular.
R. Valle (La Nueva España) Eduardo Junquera no se rinde. Ni en el Ayuntamiento ni en los Juzgados. El concejal popular es, desde el pasado mes de julio y en coincidencia con el cambio de gobierno en la Casa Consistorial, miembro del consejo de administración de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Un puesto para el que ya había sido designado por su partido en el anterior mandato, pero que tuvo que dejar en febrero de 2009, al ser destituido por la presidenta de la empresa, la socialista Dulce Gallego. Junquera fue acusado de «deslealtad», incumplimiento de sus obligaciones como consejero y responsable de posibles daños patrimoniales a la empresa a cuenta de sus declaraciones sobre supuestas irregularidades en la contratación por parte de EMA de un estudio sobre recursos hídricos a la firma Nofer, liderada por el ex edil popular Emilio Noval, que en aquel momento tenía una guerra abierta con la dirección del PP. A nivel político, Junquera veía en este contrato un pago de favores del PSOE a Noval.
A esa destitución le siguió a finales del año pasado una sentencia favorable a Junquera por vulneración de sus derechos fundamentales y a esa decisión judicial una segunda destitución como consejero de la EMA pocos días después. El equipo de gobierno decidió, simplemente, repetir la operación para evitar las dudas formales del juez. Contra ambas destituciones mantiene abiertos el edil popular procesos judiciales que esta misma semana han sumado novedades en los Juzgados de Gijón. Sus resultados ya no tienen ningún efecto sobre la realidad de la vida municipal gijonesa, pero buscan reivindicar la labor del político, que siempre ha rechazado la acusación de deslealtad para asegurar que cumplió con su obligación como concejal al denunciar un contrato sobre el que tenía serias dudas. Junquera, que cuenta con la asistencia jurídica de su compañero Pedro Muñiz, entiende que sus destituciones fueron actos arbitrarios e ilegales. Y, por ello, quiere llegar hasta el final.
En este ir y venir del consejero Junquera a los tribunales, ayer había una cita en los Juzgados gijoneses que incluía la presencia de la ex presidenta de la Empresa Municipal de Aguas, la ex concejala de Medio Ambiente Dulce Gallego, y el gerente de la empresa, Luis Alemany. La prueba testifical solicitada por la defensa de Junquera no pudo realizarse, ya que Gallego notificó que estaba enferma y Alemany comunicó la coincidencia del acto con una consulta médica. La cita se ha pospuesto para el próximo mes. Los testimonios de Gallego y Alemany se integran en el procedimiento judicial contencioso-administrativo abierto por Junquera a cuenta de su segunda destitución, que se tomó en el Pleno del 28 de enero de este año sin la presencia del Partido Popular, que aseguraba que la convocatoria era ilegal y un abuso de poder.
Esa prueba testifical ha coincidido en el tiempo con una resolución de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia que da la razón a Junquera en su recurso contra una sentencia anterior favorable al Ayuntamiento de Gijón por su destitución primera del consejo de la Empresa Municipal de Aguas en febrero de 2009. Si en un anterior procedimiento sobre la misma destitución se dirimía la vulneración de los derechos fundamentales del edil, en este proceso se pone en duda la validez de la constitución del órgano que decidió expulsar a Junquera del consejo de administración de la EMA.
Junquera mantiene en este proceso ante el juez la nulidad del acuerdo por no haberse constituido válidamente el Pleno del Ayuntamiento y niega la existencia de la causa de su cese «porque en ningún momento la información facilitada había sido calificada por ningún órgano de la EMA del Ayuntamiento como confidencial ni se ha acreditado que aquella hubiese perjudicado el interés social de la empresa».
