El concejal popular Manuel Pecharromán.
El Grupo Popular ha solicitado expedientes de contratación que se remontan a 1999 y, dadas las dificultades a acceder a ellos por parte del gobierno local, se plantea acudir a los tribunales «si no tenemos acceso a esa documentación en un plazo de 48 horas».
En una rueda de prensa, el concejal Manuel Pecharromán advirtió de que «la alcaldesa podría incurrir en un delito penal» y el PP no dudará en «demandarla por vulnerar nuestros derechos como concejales». El Partido Popular reclama información sobre once empresas distintas. Principalmente, Igrafo y Almacenes Pumarín, las dos empresas imputadas en el caso que ha llevado a prisión al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y a dos altos cargos del Principado, María Jesús Otero y Marta Renedo.
También ha preguntado si existe algún contrato con Geogal, propiedad del hijo de Riopedre, o Implans Mount, la sociedad que Marta Renedo utilizó en la supuesta trama corrupta. Pero al Partido Popular no sólo le interesan las empresas que están siendo investigadas en el marco de la «operación Marea» y ha ampliado su solicitud de información a ASAC Comunicaciones, Luminosos Ales, Fenicia Marketing Gourmet, Viveros Flor y Fauna, Manufacturas Técnicas e Instalaciones Industriales (MTI), o el grupo especializado en metalizados SEM.
«Esperamos la transparencia de la que tanto presume el equipo de gobierno», dijo Pecharromán. Su grupo municipal lleva un par de semanas solicitando documentación sobre las contrataciones que ha realizado el Ayuntamiento en la etapa de Paz Fernández Felgueroso como alcaldesa de la ciudad. Petición que ha hecho extensible a todas las empresas, fundaciones y patronatos municipales.
El concejal popular asegura que «alguien ha secuestrado nuestras solicitudes para retrasar la información, porque dicen no tener constancia de ellas». Sólo se libran de esta acusación las empresas municipales de vivienda y aguas.
