Pilar F. Pardo, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón.
(M. Martínez / M. Castro / La Nueva España) Evitar que se repita el drama de la deslocalización de empresas en el municipio tras el anuncio de cierre de Suzuki en Gijón el próximo 31 de marzo depende, en suma, de un cúmulo de decisiones del sector público y privado, apostando por un modelo productivo que favorezca la competitividad de las pymes frente a las grandes corporaciones, implantando aranceles e imponiendo la devolución de ayudas públicas. Éste es el diagnóstico que realizan los expertos del ámbito empresarial académico, político y sindical consultados por LA NUEVA ESPAÑA ante el final de la fábrica de Porceyo.
Juan José del Campo, consejero delegado de Ideas en Metal, considera que «el problema trasciende al ámbito local, autonómico y nacional. La causa de la desertización industrial que asuela Europa y que en España y Asturias amenaza la continuidad del sector, radica en que la globalización de los mercados no vino acompañada de la correspondiente globalización de la normativa laboral e industrial. Las empresas han optado por trasladar sus centros productivos a países cuyas condiciones laborales y sociales están muy por debajo de Occidente», opina. «No soy defensor del proteccionismo, pero menos aún de la competición entre desiguales. Es necesario que Europa defienda su industria del diabólico dumping social», y que lo haga implantando «un arancel social a las importaciones de manufacturas de países que no respetan en sus industrias la regulación y los derechos laborales europeos». Una opinión coincidente con la del secretario general del PSOE de Gijón y economista, Santiago Martínez: «La UE no puede permitir las importaciones de países sin Seguridad Social, pensiones y con condiciones precarias. Es una competencia desigual y un ataque al que hay que responder con aranceles». Francisco Menéndez Solís, vicepresidente del Club de la Calidad que fue directivo de Suzuki entre 1995 y 2000, considera que «el problema es global y desde Gijón y Asturias poco se puede hacer; navegamos en medio de la tormenta y hay que ser ágiles y flexibles». Afirma que si el mercado no hubiera bajado, Suzuki no saldría de Asturias: «Los niveles de calidad y productividad de Gijón son homologables a otras plantas líderes del grupo».
Para el secretario general de Femetal, Álvaro Alonso, «dado que el presente y futuro de cualquier industria, en Gijón y Asturias, van a depender de la competitividad, cada uno hemos de favorecerla, por pequeña que sea nuestra contribución, y no culpar a terceros». Manuel Fernández, decano de la Facultad de Economía, cree que la deslocalización «es indiscutible si hay diferencia de competitividad». Queda «intentar atraer a otras empresas» para rehacer el tejido productivo con actividades de valor añadido que «permitan pagar sueldos altos», como en el sector del automóvil. A Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio, le parece que ante una decisión interna sólo queda «generar un caldo de cultivo adecuado en la región para que las empresas se sientan cómodas».
Para el presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Enrique Pérez, el futuro de Asturias requiere «entrar en otros mercados» y aprovechar las posibilidades del sector agroalimentario y el tecnológico «aplicando la I+D al proceso industrial»; transmitir «más confianza» a posibles inversores y dar más importancia a las pymes porque «la gran empresa ya no vale en el mercado», y advierte de que en Asturias llevamos mucho tiempo «anestesiados» por la inercia de haber sido una región industrial con una estructura «muy pesada» en la Administración.
Sobre el sector público también carga Javier Fernández Lanero, secretario general de MCA-UGT en Gijón, quien considera que los gobiernos «podrían tener alguna normativa para que si una empresa se deslocaliza devuelva las ayudas públicas recibidas, y también tendría que haber alguna participación pública en su accionariado». Unos argumentos que coinciden parcialmente con Pilar Fernández Pardo, presidenta del PP de Gijón, quien apuesta por «aplicar bonificaciones específicas a las grandes empresas, que tendrían que devolver en su totalidad si se marchan», como la tarifa eléctrica en el caso de Arcelor.
Del otro lado, el consejero de Economía, Graciano Torre, sostiene que «difícilmente desde gobiernos locales se pueda hacer algo; quizás sí España o la UE, porque es la única planta de sus características que quedaba en Europa. Desde aquí, es como pedirle al Ayuntamiento de Gijón que impida la deslocalización. Nuestra fuerza es muy limitada». Torre coincide con Diego Canga, en que Europa se ha excedido «al ser los más liberales y defender la libre competencia y comercio a capa y espada. Espero que eso sirva para que se empiecen a poner cortapisas y limitaciones a empresas que han utilizado España como meras máquinas de hacer dinero y se apueste por la industria europea».
