En su condición de diputada nacional por Asturias, Pilar Fernández Pardo ha remitido al Congreso de los Diputados cinco preguntas con las que pretende clarificar la legalidad de la contratación por parte del Ayuntamiento de Gijón de una empresa de seguridad privada para la vigilancia del área residencial de Roces.
Fernández Pardo asegura que los responsables municipales han pagado desde el mes de agosto más de 90.000 euros en una contratación «ilegal», por lo que ha preguntado en el Congreso si el Ayuntamiento «puede contratar una empresa privada para realizar en esa zona residencial de la ciudad funciones de seguridad». Y pregunta al Gobierno sobre si en esa contratación «ha de cumplirse el reglamento de seguridad privada». Fernández Pardo quiere saber, además, «qué documentación existe en el Ministerio del Interior» acerca de esta supuesta contratación «ilegal».
