El Partido Popular promoverá que el Ayuntamiento de Gijón disponga de una Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno, que contribuya a “su fortalecimiento democrático”, una vez aprobada ayer la Ley estatal por el Pleno del Congreso. Así lo ha anunciado hoy la presidenta el PP gijonés y diputada nacional, Ángeles Fernández-Ahúja.
Se refiere a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno- “que pretende mejorar numerosos aspectos de la actividad política, la gestión del dinero público o la participación del ciudadano en un estado democrático”.
La diputada popular lamenta que el Grupo Parlamentario del PSOE no haya apoyado “la primera Ley de Transparencia de la democracia del país”, y apela a “la responsabilidad” de los dirigentes socialistas de Gijón para defender en el Ayuntamiento una norma que garantice “el buen funcionamiento democrático”. Igualmente, confía en que Foro esté de acuerdo en consensuar con el resto de grupos políticos del Ayuntamiento una Ordenanza que tenga una estructura y sea conforme a la Ley estatal.
Fernández-Ahúja considera necesario que el Ayuntamiento gijonés cuente con esta nueva normativa por la propia demanda social. “Los ciudadanos quieren que se refuerce la transparencia de las administraciones públicas –estatal, autonómica y local-, organismos dependientes y empresas municipales cuando el capital supera el 50%”.
Para ello, la Ordenanza, en consonancia con la Ley de Transparencia, deberá establecer obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos a la información. Asimismo, fijará las obligaciones del buen gobierno de los cargos públicos.
En cuanto a la transparencia, la normativa deberá garantizar la publicidad de la información de relevancia jurídica, económica y presupuestaria contable; la totalidad de los contratos menores, las subvenciones y ayudas públicas, los convenios que se suscriben, las encomiendas de gestión, los presupuestos y cuentas anuales y los informes de auditores de cuentas y fiscalización.
Respecto al buen gobierno, la Ley estatal hace referencia a la necesidad de garantizar la transparencia, la imparcialidad, el respeto a los derechos fundamentales y libertad pública en el ejercicio de su actividad, a la diligencia, conducta digna y responsabilidad.
Otra cuestión que establece la Ley de Transparencia y que Fernández-Ahúja considera conveniente extrapolar al ámbito del Ayuntamiento gijonés es la creación de una comisión, que vele por el cumplimiento de la Ordenanza, y un portal de transparencia, para que los ciudadanos tengan acceso a toda la información.