El Partido Popular tratará de introducir el «caso Blanco» en el debate plenario que hoy se celebrará en el Ayuntamiento de Gijón. Lo hará a través de una moción de urgencia y al amparo de los últimos acontecimientos relacionados con las operaciones de compraventa que el ex arquitecto jefe municipal realizó en la parroquia de Cabueñes. Acontecimientos marcados por la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que ha decidido trasladar el asunto a los juzgados de instrucción al observar indicios de delito en el comportamiento de Ovidio Blanco.
«Por razones de evidente y justificada urgencia, se solicita que se adopte el acuerdo de suspender todas las actuaciones que afectan al sector de suelo urbanizable UZN C.1 de Cabueñes hasta tanto se dicte resolución judicial firme derivada del procedimiento penal que se inicia contra don Ovidio Blanco Suárez», reza la moción de urgencia de los populares. El decreto de la fiscalía, en el que se apunta hacia la posible comisión de un delito de cohecho y/o tráfico de influencias y/o uso de información privilegiada, se dio a conocer el pasado lunes. Para entonces, los grupos políticos municipales ya habían tenido que presentar sus iniciativas ordinarias para el Pleno de hoy.
A la sesión plenaria tiene previsto acudir una representación de la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes. La documentación registral recabada por este colectivo ha sido determinante en la decisión de la fiscalía. Según los papeles presentados por los vecinos, en 1992, Ovidio Blanco compró una finca en Cabueñes a la firma Hoyant, S. L., para vendérsela otra vez en 1998 y volver a comprarla en julio de 2004, cuando ya no trabajaba para el Ayuntamiento de Gijón. La parcela pasó de no urbanizable a estar incluida en el plan parcial que generará 655 viviendas entre la carretera de Villaviciosa y el Hospital de Cabueñes.
Una de las promotoras que desarrollarán dicho plan le adquirió la parcela a Ovidio Blanco en enero de 2006 por 617.420 euros. Inicialmente, había pagado por ella 7.513 euros. «Ovidio Blanco no actuó solo. La resolución del fiscal le pone en evidencia a él, y al urbanismo gijonés», incidió la máxima dirigente del PP gijonés, Pilar Fernández Pardo. Si pide llegar a un acuerdo para suspender el plan de Cabueñes, que lleva tramitándose cerca de dos años, es precisamente porque «la responsabilidad política y jurídica del Ayuntamiento está ahí, y se deberían evitar males mayores».
Los males que refiere Fernández Pardo son las indemnizaciones que «con dineros públicos» habría que pagar a las particulares y promotores afectados por la paralización del plan parcial. Con un acuerdo, según los populares, «se evitarían actuaciones posteriores, en caso de que el juez condene finalmente a Ovidio Blanco y haya verdaderas razones para declarar el plan nulo de pleno derecho».
Que habrá que resarcir a las empresas inmersas en la operación urbanística de Cabueñes ya lo advertía anteayer la promotora que compró la finca del ex arquitecto municipal. Reyal Urbis, que defiende la legalidad de la operación, interviene en este desarrollo con Lomas-Barajas, Promociones Moro y Playa de Gijón. El diseño del proyecto lo firmó el propio Blanco como arquitecto privado.
