Pablo González
«Poner más recursos en manos de los gijoneses, favorecer a colectivos especialmente afectados por la crisis, compensar a los contribuyentes por las subidas impositivas de años anteriores por encima del IPC y garantizar los servicios municipales». Son, de forma resumida, los cuatro objetivos principales que según el concejal Pablo González pretende alcanzar el Partido Popular con su propuesta alternativa de ordenanza fiscal que presentará mañana ante la comisión municipal de Hacienda y defenderá el 30 de octubre en el pleno extraordinario de presupuestos. Con las medidas que plantean, explicó, la recaudación fiscal del Ayuntamiento, entre impuestos directos e indirectos, se reduciría de los 99 millones de euros previstos para este año a 84 millones, esto es, casi un 16% menos.
«Son 16 millones de euros que se quedarán en los bolsillos de los gijoneses para que hagan lo que quieran con ellos: invertir, ahorrar o consumir», señaló. Pablo González apuntó también la respuesta que espera por parte del equipo de gobierno: «Seguramente nos dirán que es una propuesta irreal, porque reduciendo esos 16 millones no se pueden mantener los servicios públicos. La respuesta es fácil: 84 millones es la misma cantidad que se recaudaba hace sólo tres años. ¿Es que entonces este Ayuntamiento no era viable? ¿No tenía servicio de autobús, o servicio de limpieza, o servicio de amigos?». Con su propuesta, basada en la congelación de tasas y la aplicación de reducciones dirigidas a grupos concretos en los principales impuestos, el PP considera que se favorecerá la actividad económica al dejar más renta disponible en manos de las empresas y las familias.
Entre las iniciativas más novedosas está la petición de que aquellos comercios, restaurantes y hospedajes que vean afectada su actividad a consecuencia de la realización de obras públicas en la calle sean compensados por estos perjuicios con una rebaja de su cuota del Impuesto de Actividades Empresariales. En concreto plantean bonificar con un 20% en el caso de las obras que duren un mes, un 40% para dos meses y un 80% de bonificación para los negocios que afectados por obra de más de tres meses de duración. Se trata de una fórmula que, según explicó, se aplica ya en ciudades como Castellón y Valladolid. Piden además bonificaciones en este impuesto para las empresas que usen energías renovables (rebaja del 25%), las que establezcan planes de transporte para al menos el 30% de su plantilla para fomentar el uso de vehículos colectivos o compartidos y reducir así la emisión de gases (bonificación del 25%) y para las que creen empleo fijo (rebaja del 25% si incrementa hasta un 10% la plantilla, y del 50% si es superior al 10%), entre otras medidas.
En lo que respecta al Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) piden reducir al 0,53% el tipo impositivo para todos los contribuyentes, congelar el incremento de los valores catastrales durante tres años, bonificar con un 50% sobre el importe del recibo a las familias numerosas con viviendas de hasta 60.000 euros, reducir también el impuesto en un 50% para viviendas de tipología tradicional e inmuebles con sistema de aprovechamiento de energía. Reclaman también una rebaja del tipo aplicado a las plusvalías del 30% al 25% y que en las transmisiones en favor del cónyuge, descendientes o ascendientes por causa de fallecimiento sólo paguen un 5% de este impuesto siempre que el inmueble se mantenga como vivienda habitual del beneficiario. Los populares plantean, además, rebajas en el impuesto de construcciones y en la viñeta.
