El portavoz del Grupo Popular, Manuel Pecharromán, considera “jurídicamente dudoso que tenga que abonar el Ayuntamiento el dinero de la asistencia jurídica privada y, desde luego, claramente injustificada y desproporcionada la minuta». Se refería a la decisión de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de autorizar un gasto de 10.890 euros, que permita al actual jefe del servicio jurídico municipal, Abelardo Rodríguez, contar con la asistencia jurídica de un reputado despacho de abogados de Oviedo en la interposición de una querella criminal contra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Santiago Martínez Argüelles, por presuntos delitos de calumnias e injurias graves.
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