El concejal del Grupo Popular Pedro Muñiz advirtió ayer del riesgo de «arruinar al Ayuntamiento» si se siguen concediendo licencias urbanísticas con el PGOU anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Muñiz indicó que si la sentencia adquiere firmeza los promotores que se vean obligados a tirar lo que hayan construido podrán reclamar al Ayuntamiento «indemnizaciones millonarias», una situación que el PP pedirá que «repercuta en los concejales que están votando a favor de esas concesiones, a los que ya hemos avisado».
Las licencias que se concedan a partir de ahora y que no sean recurridas por nadie cobrarán firmeza aunque el Tribunal Supremo confirme la sentencia del TSJA que anuló el PGOU. Sin embargo, «si cualquier ciudadano recurre esas licencias, no cobrarán firmeza y el promotor estará obligado a derribar lo que haya construido si el Supremo confirma la sentencia», explicó el edil, que citó como jurisprudencia en este sentido una sentencia del Tribunal Supremo del 14 de diciembre de 1998.
El PP insiste en que existe otra fórmula para mantener la actividad del sector de la construcción en Gijón sin crear «inseguridad jurídica», como es aplicar el PGOU anterior al anulado por el Tribunal Superior: «Aplicar el «plan Rañada» haciendo modificaciones parciales de lo que se quiera desarrollar y luego incorporarlas a la revisión del PGOU que se empieza ahora a tramitar», agregó el edil. Muñiz tildó de «fraude de ley» la aplicación que está haciendo el gobierno local de un plan general anulado por los tribunales y recordó precedentes de actuaciones ilegales que fueron legalizadas tras sentencias en contra de los tribunales, como fueron «Alcampo, el Náutico y la Plantona». Muñiz responsabilizó al gobierno local de PSOE e IU de la actual crisis del urbanismo gijonés, producto de su acción de gobierno.