( OFICINA DE INFORMACIÓN ) En una reunión mantenida con el presidente y miembros de la directiva de la Cámara de Comercio, el Partido Popular ha presentado su propuesta fiscal dirigida a las empresas de la ciudad. Las medidas se enmarcan en una ambiciosa rebaja tributaria de 15 millones anuales.
Las propuestas abarcan la mayoría de impuestos y tasas municipales y tendrán como principales beneficiarias a las que desarrollan su actividad en polígonos industriales o tienen alguna relación con el sector industrial.
En relación al IBI, muy novedosa, se plantea una reducción permanente del 50% para todas las empresas ubicadas en un polígono que haya constituido una herramienta de gestión denominada “entidad de conservación”, en la que participan los empresarios y el Ayuntamiento, y que se encargaría del mantenimiento y gestión de las zonas comunes y problemas generales del polígono. Esta medida, además de beneficiar a las empresas, ahorraría dinero público comprometido en partidas de mantenimiento.
El Partido Popular también plantea que se reduzca la Plusvalía en un 95% (máximo legal) en aquellos casos de traspaso de los negocios por causa de fallecimiento de su titular. Y en el caso del IAE y ICIO, se proponen múltiples reducciones ligadas a la creación de empleo, a la apertura de nuevas empresas y a la realización de obras.
Sobre las tasas (incluida la recogida de basuras), siguiendo la línea propuesta para todos los ciudadanos, el PP plantea su eliminación para reducir burocracia y simplificar la actividad de las empresas.
Paralelamente a todo lo anterior, se quiere implantar un sistema de “tarifa plana fiscal”, con el que las empresas pagarían todos los meses la misma cantidad tributaria, repartiendo el coste anual en 12 mensualidades iguales y cobradas el mismo día del mes.
En el transcurso de la reunión se ha rechazado la propuesta de la izquierda municipal de establecer un IBI diferenciado por usos, con el que se subiría de “manera brutal” la tributación a quien más riqueza crean y con el que se penalizarían pequeños negocios familiares que actualmente se desarrollan en inmuebles con un alto valor catastral. Esta medida, además de injusta y de generar paro y cierre de empresas, envía un mensaje muy negativo a la comunidad empresarial que desincentiva la apuesta por Gijón como ciudad de negocios.
