El Partido Popular de Gijón sigue recabando datos y componiendo las piezas del puzle en el que se ha convertido el yacimiento arqueológico de la Campa Torres. La última pieza, por el momento, de lo que los populares tildan como «el gran desastre de la gestión de un importante patrimonio cultural asturiano» -manifestada en sus peores términos cuando en marzo de 2009 aparecieron ocultas en un zulo 32 cajas de material de las excavaciones gijonesas, con documentos y depósitos en un lamentable estado- la acaba de añadir el Congreso de los Diputados.
Fue ante el Congreso ante el que la diputada Pilar Fernández Pardo tramitó la petición de «toda la información relativa al convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Universidad de Barcelona para el estudio de los materiales obtenidos en el yacimiento de la Campa de Torres de Gijón». Ese convenio de cooperación, que data de julio de 1991, certifica que el director general de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura y el vicerrector de Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona firmaron el desarrollo de una investigación asociada al yacimiento de Campa Torres (Gijón). El objeto era «el estudio de los materiales y estructuras provenientes del yacimiento arqueológico gijonés». Y el equipo investigador estaría compuesto por el profesor José Luis Maya (director del yacimiento), Francisco Cuesta Tolivio (codirector) y las licenciadas Mercedes García Martínez y Silvia Albizuri Canadell (ambas en calidad de colaboradoras). Para la ejecución de las investigaciones se asignaron 1,5 millones de pesetas con cargo a los presupuestos del Ministerio de Cultura. Mientras que los términos del convenio están muy claros y bien firmados, el PP denuncia ahora que nada se sabe «de la memoria científica que resultó de dicho convenio, ni se conoce el inventario de piezas que salieron de Asturias, o si volvieron, ni si algunas de ellas fueron las que aparecieron en el zulo», explicó ayer el concejal gijonés Manuel Pecharromán, volviendo a dar actualidad a algunas sospechas de que material del yacimiento asturiano podría estar en manos privadas por un descontrol en el seguimiento de los trabajos. Para el edil, lo único que se aprecia con claridad es que «la gestión de la Consejería de Cultura ha sido un desastre. Vale que la investigación se la dieran a la Universidad de Barcelona, pero ¿dónde están las actas de solicitud de piezas, las actas de depósito o las de devolución? No hay nada de eso».
Además de recabar datos, desde las filas del PP gijonés siguen sacándole punta a cuanta información se aporta, al calor del debate, en torno a la cuestionable custodia de patrimonio y devenir del yacimiento arqueológico de la Campa Torres. Así, el edil Manuel Pecharromán pidió al concejal de Cultura del Ayuntamiento gijonés, Justo Vilabrille, que comprobara si existía constancia documental en el Ayuntamiento relativa a la advertencia que, según se dijo en los meses pasados, hizo el codirector de las excavaciones de la Campa, Francisco Cuesta -hoy, director del Museo de Grandas de Salime-, sobre el inadecuado almacenamiento de algunas piezas arqueológicas en las instalaciones gijonesas. «No hay tal acta, ni consta en el Ayuntamiento ni en la Fundación Municipal de Cultura ni en ningún otro organismo dependiente del Ayuntamiento ninguna queja o denuncia de Francisco Cuesta o cualquier persona sobre la conservación de los materiales de la Campa Torres» ha sido la contestación oficial municipal obtenida por Manuel Pecharromán. «De nuevo hay una contradicción entre las cosas que se están diciendo, esta vez entre el Ayuntamiento y el señor Cuesta. Para nosotros hay razones más que objetivas para que salga adelante la comisión de investigación que sobre este asunto hemos pedido en la Junta General del Principado. Esperamos que IU vote a favor de esa comisión, porque permitiría que muchas personas que aún no han dicho nada den oportunas explicaciones, como pueden ser los sucesivos directores de la Fundación Municipal de Cultura, del Museo de la Campa, directores científicos e incluso responsables de escuelas taller. No es posible que se sigan amparando estos despropósitos, sobre todo si tenemos en cuenta el importante dinero que se destinó a estas excavaciones arqueológicas», indicó Pecharromán.