La Autoridad Portuaria de Gijón solicitó las partidas de los fondos de cohesión de la Comisión Europea (CE) para sufragar el sobrecoste de la ampliación del puerto de El Musel justo un año después de que una circular interna de la dirección general de Fondos Comunitarios, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, aconsejara no seguir este procedimiento ante las instancias comunitarias.
El documento, hecho público ayer por el eurodiputado del Partido Popular (PP) Salvador Garriga, está fechado a 31 de enero de 2007 e insta a las autoridades españolas a no pedir fondos europeos para costear posibles modificaciones de contratos durante su ejecución. El PP anunció además ayer que El Musel podría no recibir parte de los 247,5 millones de euros correspondientes a los fondos de cohesión del período 2000-2006, ya que la negativa de la Dirección General de Política Regional de la CE a pagar el sobrecoste obliga a una corrección financiera de toda la obra.
El puerto desmintió horas después esta afirmación al desvelar que en febrero recibió una transferencia de 37 millones de euros, por lo que sólo faltarían por cobrar algo más de 10 millones además del 20 por ciento del saldo final.
La circular interna emitida por Fondos Comunitarios advierte a todos los interesados en beneficiarse de fondos europeos que la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la CE -organismo que recientemente finalizó el informe contrario a sufragar el sobrecoste de El Musel- puso en conocimiento del Gobierno español el 12 de diciembre de 2006 que consideraba incorrecta la transposición de determinados aspectos sobre contratación pública de la directiva 2004/18 a la normativa nacional, muy especialmente «los relativos a la regulación de las modificaciones de contratos durante su ejecución».
Por ello, la CE solicita que las certificaciones de gastos dentro del programa de fondos de cohesión del período 2000-2006 no «deben incluir los que se deriven de modificaciones de contratos (…) cualquiera que sea el momento en que dichas modificaciones hayan sido aprobadas por la autoridad competente».
En el mismo informe también se aclara que el Gobierno español podrá «autorizar con carácter excepcional (…) la inclusión de gastos amparados en modificados». Unas excepciones que se cursarán «tras el análisis de una propuesta específica y razonada de los organismos beneficiados» y vendrán determinadas «por la verificación de conformidad de dichos modificados con la directiva en vigor». Una condición que, tras la decisión de la CE de denegar los fondos al Musel, no parecen haber cumplido las autoridades portuarios gijonesas, ya que no ajustaron su petición a la normativa europea 93/38 que regula la entrega de ayudas a los distintos estados miembros (actualizada por la directiva 2004/18).
«El modificado del contrato de El Musel es incompatible con lo que dicta Europa», aseguró ayer Garriga, acompañado por la diputada nacional y presidenta del PP de Gijón, Pilar Fernández Pardo, y los diputados regionales Agustín Cuervas-Mons y Ana Barrientos. Pero el europarlamentario fue más lejos y alertó de la posibilidad de que el puerto pierda los 102 millones de euros que aún no ha cobrado para pagar la ampliación. «Esta nueva situación nos lleva a una corrección financiera que podría afectar a las ayudas solicitadas en un primer momento», aseguró.
De estas ayudas, la CE ya ha entregado 145,5 millones de euros en concepto de un primer pago por adelantado (49,5 millones) y otro pago intermedio (96 millones). Sin embargo, según el PP, El Musel aún espera recibir otras dos partidas de 52,5 millones y de 49,5 millones de euros (ésta en concepto de saldo final). Según la versión popular, Bruselas podría dar marcha atrás y no abonar estas ayudas debido a supuestas deficiencias detectadas en la licitación de la obra.
