Pretender, como hace la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, despachar una tragedia que costó cinco vidas como el resultado de una “actividad clandestina” empresarial, preguntándose con desdén “qué pinta ahí la administración”, supone ignorar —o querer ocultar— lo que ya han dejado negro sobre blanco los informes oficiales y las conclusiones de la Comisión de Investigación llevada a cabo en la Junta General del Principado.
Porque sí, señora Lastra, hubo actividad clandestina. Pero lo verdaderamente escandaloso es que esa actividad clandestina se desarrolló durante tiempo suficiente como para terminar en una explosión mortal sin que la administración hiciera nada por evitarlo.
Decía hace un año, tras el accidente, Adrián Barbón, que llegaría hasta el final “caiga quien caiga”. Hoy nos preguntamos: ¿“caiga quien caiga”, salvo que se trate de Nieves Roqueñí? ¿“caiga quien caiga”, salvo que se trate de Belarmina Díaz? ¿o “caiga quien caiga”, siempre que no se trate de Enrique Fernández? Resulta evidente que, cuando afirmaba esto, Barbón mintió.
Llegados a este punto, la pregunta es inevitable: ¿de verdad, después de todo lo ocurrido, nadie va a dimitir? ¿Están Barbón y la FSA tan desconectados de la indignación que recorre Asturias como para pretender que un hecho de esta gravedad no implique ninguna consecuencia política? Porque si, tras una tragedia con cinco fallecidos, todo se salda con explicaciones genéricas, sin asunción de responsabilidades ni consecuencias personales, el mensaje que se traslada es devastador: que el sistema puede fallar de forma estrepitosa sin que nadie responda por ello.
Y cuando el poder se instala en la negación de la evidencia, lo que se constata, una vez más, es el agotamiento de un ciclo político que ya no da más de sí. En este punto, no es la oposición quien lo señala: es la propia realidad la que, más pronto que tarde, termina imponiendo la necesidad de un cambio.
Artículo de David Cuesta
Publicado en MiGijón el 24 de Abril de 2026
