Ayer se reunió la Comisión Regional de Justicia y Administraciones Públicas en la sede del Partido Popular en Gijón. Estas comisión reúne a diversos expertos del mundo del derecho y la administración pública para el aporte de ideas y propuestas sobre estas materias a todo el Partido Popular de Asturias.
En este encuentro, se crearon dos grupos de trabajo para estructurar las tareas de la Comisión. Uno estará formado por los miembros que profesionalmente están más vinculados al ejercicio de la abogacía y a los tribunales de justicia, mientras que el otro lo estará por aquellos más vinculados al trabajo en las administraciones públicas.
Se trataron los siguientes asuntos de interés en nuestro ámbito de estudio, con objeto de poner las conclusiones al servicio de los representantes del partido en los diversos órganos políticos e institucionales:
1. El retraso, por parte del Principado de Asturias, en el pago de los honorarios de los profesionales que prestan el servicio de justicia gratuita, que según los datos examinados alcanza a ser prácticamente de un año.
2. El proceso de adaptación de los ayuntamientos a la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que impone el particular examen de los servicios que cada ayuntamiento viene prestando para clasificarlos dentro del catálogo de competencias que la ley define. Resultando que tales servicios podrán ser, a partir de ahora, bien competencias propias, bien delegables por la comunidad autónoma o incluso servicios sin habilitación legal para su ejercicio.
A partir de esta clasificación se deberá evaluar el coste efectivo que tales servicios representan, pudiendo obtenerse una aproximación al mismo, en tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario de la ley, a través de la suma los costes directos, indirectos, gastos de inversión, transferencias y subvenciones del servicio en particular, descontando los ingresos obtenidos por su prestación (p.e. tasas).
Dichos costes, asumidos hoy en día por los ayuntamientos, adquieren gran relevancia en el caso de las competencias que pasan a ser de la comunidad autónoma delegables y en el caso de las competencias para cuyo ejercicio los ayuntamientos pierden la habilitación legal.
Al respecto se dio cuenta de que se está elaborando un informe esquemático sobre la materia.
3. Se acordó igualmente poner en funcionamiento una página para recibir por medio de internet sugerencias dirigidas al estudio de esta Comisión, en las materias que le son propias.
4. Finalmente se trató la planificación de las charlas, reuniones de trabajo con profesionales y conferencias previstas para fechas próximas.
Los miembros de la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas del PP de Asturias durante la reunión en nuestra sede
