Treinta años en el poder es demasiado tiempo. Suficiente como para tejer un entramado de intereses en el que es fácil que se entremezclen la política y los negocios hasta forjar un clientelismo del que no es ajeno el PSOE. Hoy estamos ante un supuesto caso de corrupción urbanística. A día de hoy, con la información que manejamos en el Partido Popular, hay poco margen para la duda. Ovidio Blanco, ex arquitecto jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, utilizó información privilegiada para su lucro personal. Pero hay que depurar todas y cada una de las responsabilidades políticas, o de otro tipo, que se deriven en este caso, y hay que tener muy en cuenta que este funcionario gozaba de la plena confianza del gobierno municipal de Gijón. Gozaba de la confianza del que entonces, en 1999, era alcalde de Gijón y hoy es presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces; de la actual alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, que lo mantuvo en el cargo; del que fuera concejal de Urbanismo, Jesús Morales; del entonces edil de Hacienda y hoy de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, y del que fue jefe del servicio de Urbanismo y actualmente consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, también presidente de Sogepsa, donde se llevó a Ovidio Blanco. Cabe preguntarse, y debe haber respuestas, acerca de qué responsabilidades tienen todos estos dirigentes socialistas en este presunto ‘pelotazo’ urbanístico.
Ovidio Blanco ganó nada menos que 600.000 euros con la reventa de una parcela, que se había revalorizado de forma extraordinaria porque él mismo había decidido incluirla en el plan urbanístico municipal. El ex arquitecto jefe del Ayuntamiento de Gijón conocía perfectamente y, sin lugar a dudas, cómo iba a quedar redactado el plan parcial de Cabueñes, una zona rural privilegiada, donde el equipo de gobierno pretende construir un gran muro formado por 600 viviendas distribuidas en 13 grandes bloques de hasta seis alturas, además de adosados, edificios para servicios y una gran vía de acceso de cuatro carriles.
Nada más trascender la noticia sobre este supuesto caso de corrupción urbanística, el concejal Pedro Sanjurjo aseguró que «Ovidio Blanco no tenía relación alguna con la tramitación del plan parcial de Cabueñes». Horas después, el equipo de gobierno anunciaba que llevaría el caso a la Fiscalía. Al margen de las contradicciones y mentiras en las que ha incurrido el concejal de Urbanismo, el Ministerio Fiscal es el órgano competente para aclarar si hubo o no delito en la actuación de Ovidio Blanco. Pero las responsabilidades políticas deben dirimirse en el seno de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Gijón. El portavoz de la junta de gobierno, la propia alcaldesa y su socio de gobierno, Izquierda Unida, ya han mostrado su rechazo a esa investigación, imprescindible para que todos los ciudadanos conozcamos qué ha ocurrido y qué está ocurriendo en el ámbito de urbanismo del Ayuntamiento de esta ciudad. En toda España se habla ya de posible corrupción en el Ayuntamiento de Gijón, y sus gobernantes niegan una comisión de investigación. ¿Qué tienen que ocultar?
