Declaraciones de la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gijón, Pilar Fernández Pardo:
Una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias reitera la ilegalidad absoluta de todo el planeamiento urbanístico de Gijón. De nuevo, se anulan los dos acuerdos plenarios en los que, con el voto de Paz Felgueroso y los concejales de su gobierno, se aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana de Gijón (PGOU) y su texto refundido. La reiteración del criterio judicial sobre la ilegalidad del PGOU supone que estamos ya ante una verdadera doctrina de los tribunales, que ratifica la actuación fuera de la ley en materia de urbanismo por parte de quien rige el Ayuntamiento de Gijón. Y ello, no por razones de forma, sino por vulnerar normas con rango de ley en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de procedimiento administrativo general.
Además, los órganos judiciales, en sus resoluciones, van más allá a la hora de valorar y calificar la actuación del gobierno municipal. Declaran que se han vulnerado principios constitucionales, como el de seguridad jurídica; se ha impedido a los ciudadanos su derecho a participar en un asunto público tan trascendental como éste, con imposibilidad de conocer y estudiar los documentos que conformaron este plan, e incluso reprochan al equipo de gobierno su incapacidad de gestión al recriminarle la falta de “celeridad” a la hora de tramitar el Plan General.
El conocimiento de esta nueva sentencia coincide con una actuación procesal penal, muy relevante y con amplia difusión, referida a la propia gestación de este Plan por los responsables de su elaboración. Se trata del ‘caso Cabueñes’, un escandaloso asunto que afecta también de lleno al planeamiento urbanístico gijonés y a la actuación municipal en el mismo.
Por todo ello, no puede postergarse la asunción de responsabilidades políticas y de todo orden que se derivan de este asunto y que coloca al gobierno de Paz Felgueroso en una situación insostenible. Resulta inexplicable en democracia e inadmisible que los autores de actuaciones ilegales, envueltas en procesos penales, sigan en sus cargos, guarden silencio y traten de justificar lo que el propio poder judicial reprueba.
