El concejal Pedro Muñiz, en el Grupo Popular.
Miriam Suárez (LNE)/ «El «caso Blanco» no está cerrado ni mucho menos». El Partido Popular confía en que la Audiencia Provincial vaya más allá que el Juzgado de instrucción número 5 en la investigación de los hechos que se le imputan al que fuera arquitecto jefe del Ayuntamiento. El magistrado Juan Laborda ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa. Pero el grupo de la oposición, que ya ha interpuesto recurso contra esta resolución judicial, insiste en que «se trata de una actuación irregular con fuertes indicios de delito».
Si el Partido Popular sigue adelante es porque «creemos que lo que hizo el señor Blanco es reprobable judicialmente, no por intereses particulares o intenciones espurias», matizaba ayer el concejal Pedro Muñiz, que, como abogado, representa al partido en este caso. Respondía así al letrado de la defensa, Luis Tuero, que sostiene que el ex arquitecto municipal «fue utilizado» por el PP y la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes para «un escándalo ficticio». Los populares asumen que «es normal que defienda a su cliente».
En lo que no hay punto de entendimiento es en la interpretación que se está haciendo de los hechos. El juez Juan Laborda, instructor del caso, no ve delito en las actuaciones investigadas. Además, una de las tipologías de cohecho que se barajaban ya ha prescrito. Para Muñiz, sin embargo, «existe un claro delito de cohecho propio» en la recalificación de la finca de Cabueñes con la que Ovidio Blanco y la empresa Hoyant, S. L. realizaron varias compraventas.
El ex arquitecto municipal adquirió este terreno rústico en 1992 a 7.513 euros. Seis años después, se lo revendía a Hoyant por 8.414. Y en julio de 2004, estando ya fuera del Ayuntamiento, volvía a comprar la parcela, esta vez a un precio de 20.434 euros. Por ese suelo, que el Plan General de Urbanización (PGO) había recalificado entonces como edificable, dentro de una operación de 600 viviendas, la inmobiliaria Urbis acabó pagando 617.420 euros.
El avance de ese plan se sometió a información pública en diciembre de 2003, poco antes de que Ovidio Blanco pasase a ser funcionario en excedencia e iniciase el ejercicio privado de su profesión. «Actuó para conseguir que se recalificase esta parcela y lo dejó todo preparado», sostiene Muñiz. «Una de las funciones de un arquitecto jefe es la de asesorar y hacer propuestas a la Corporación en el desarrollo de cualquier programa urbanístico; y también a las empresas que pudieran contratarse para ello», incide.
El magistrado, sin embargo, desvincula a Blanco de la adaptación del Plan General que actualmente sigue en vigor, a la espera de que el Supremo se pronuncie sobre su anulación en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El ex arquitecto municipal aseguró que no había intervenido en la decisión de transformar ámbitos rurales como el de Cabueñes. El redactor del plan, Luis Felipe Alonso Teixidor, corroboró la versión de que nunca había recibido sugerencias del imputado.
«El señor Blanco hizo los pliegos de condiciones para la adaptación del plan a la ley del Suelo regional. Esos pliegos contemplaban una revisión integral del planeamiento, que es precisamente lo que causó su anulación», recuerda Pedro Muñiz. Y añadió: «La redacción del plan se adjudicó a Teixidor en detrimento de Ramón Fernández Rañada. El hecho de dejarle fuera fue un acto injusto que recurrió y ganó. Curiosamente, Rañada era un urbanista más conservador que Teixidor y no entraba por hacer pisos en la zona rural».
Los populares mantienen su acusación de «cohecho propio, tráfico de influencias y uso de información privilegiada». Incluso llegan a hablar de error en el auto del juez Laborda. «Se insiste en que cuando Hoyant le vendió por última vez la finca de Cabueñes a Ovidio Blanco éste ya no era arquitecto del Ayuntamiento. Pero no hay que olvidar que el señor Blanco sigue siendo funcionario, aunque en excedencia», subrayó Pedro Muñiz, que también pone en cuestión el hecho de que «Hoyant segregase expresamente la parcela para vender una pequeña parte a Ovidio» o que «si ese terreno era para jardinería y ocio, ¿por qué ni la cerraron ni le dieron nunca ese uso?».
La postura del PP se encuentra en una línea muy similar a la que sigue la Plataforma Ciudadana Contra el Muro de Cabueñes, que aportó la mayor parte de la documentación que ha manejado el juez. Este colectivo vecinal, al igual que el PP, también se personó en el caso como acusación particular y también ha recurrido el auto de Laborda.
